Aunque Flybondi no parece encontrar la forma de operar con normalidad — ¿cómo hacerlo en un país sin políticas consistentes?—, Transporte acaba de autorizar rutas a Polar Líneas Aéreas.
No hay dudas: la idea de apertura y desregulación resulta en más beneficios para la gente, en este caso los viajeros. Sin embargo, la pregunta es: ¿más allá de las audiencias, evalúa el Gobierno los planes de negocios de las compañías?
Los datos duros —información disponible— indican:
- La compañía invertiría 650 millones de dólares.
- Daría trabajo a 1.200 argentinos.
- El fundador o responsable al frente de este proyecto es el señor Daniel Barbosa, quien lideró algún tiempo una fallida compañía aérea (recordar que las quiebras en la aviación comercial no son una rareza y menos en la Argentina).
- La línea operaría de La Plata, un aeródromo que está casi en desuso y que sólo se sostiene por heroicos empresarios y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
- La compañía tendría un acuerdo con el gobierno de San Luis, un estado provincial con anormalidades por 60 millones de pesos presupuestados para un proyecto aeronáutico abruptamente cancelado en el Valle del Conlara, justamente el aeropuerto en que operaría POLAR.
- Se dice que la empresa volaría aviones DC10, Airbus B737. Esta información no pudo ser confirmada por más de una fuente.
- No hay más datos de la empresa. Sólo un CUIT y cero información.
Como señalamos en varias oportunidades, la llamada “Revolución de los aviones” no muestra evidencias contundentes de estar inserta en una política aeronáutica integral.
Los que informamos sobre la actividad aeronáutica civil estamos observando con cierta preocupación. En términos de vuelo podríamos decir que algunos instrumentos están en “arco amarillo” o que una luz ámbar resalta en el tablero del cockpit.
De que servirían nuevas líneas aéreas, si con las pocas que ya existen, ni siquiera se puede regresar al país en la fecha estipulada en el pasaje
Todo improvisado. Algo muy característico de Argentina. Ni aeropuertos en condiciones de operar, ni accesos adecuados a los mismos, ni seguridad jurídica para las aerolíneas ni pasajeros