Como consecuencia de la eliminación de Austral Líneas Aéreas, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) absorbió a la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) que representaba a los pilotos de la aerolínea desaparecida. Poco antes, APLA, con el aval del Ministerio de Trabajo, había impedido que la Unión de Pilotos Aviadores de Latam (UPAL), habilitada por el gobierno anterior como gremio, acordara con la empresa una fórmula salarial que permitiera transitar la crisis del COVID-19, lo cual derivó en la salida de la aerolínea de la Argentina.
Ahora, también con el beneplácito de Trabajo, APLA está muy próxima a obligar al resto de las empresas aeronáuticas (taxis aéreos, vuelos sanitarios, transporte no regular, aviación corporativa, etc.) a negociar con ella como única representante de todo el colectivo de pilotos profesionales. Al menos, eso es los que se desprende de la CÉDULA DE NOTIFICACION (EX-2020-54784250- -APN-DGD#MT) que la cartera laboral dirigiera a 80 de esas empresas, incluidas Fly Bondi y JetSmart, aerolíneas estas que cuentan con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi y la Asociación Sindical Trabajadores de JetSmart.
El avance sobre las empresas aeronáuticas es ni más ni menos que la “moyanización” de la representación de los pilotos que vuelan profesionalmente. En otras palabras, en el futuro, sólo trabajará quien acuerde con APLA.
La operación es de pinzas. Aerolíneas Argentinas y APLA (en línea con el Instituto Patria) trabajan en conjunto –salvo cuestiones salariales pendientes que en apariencia están generando conflictos– y ambas tienen un control importante sobre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la autoridad máxima en materia de aviación que, entre otras cosas, certifica a las empresas y a los profesionales.
La operación es de pinzas. Aerolíneas Argentinas y APLA (en línea con el Instituto Patria) trabajan en conjunto –salvo cuestiones salariales pendientes que en apariencia están generando conflictos– y ambas tienen un control importante sobre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la autoridad máxima en materia de aviación que, entre otras cosas, certifica a las empresas y a los profesionales.
Entre los objetivos de APLA estaría el obligar a las empresas a aumentar la cantidad de pilotos por avión y seducir a los profesionales con mejores condiciones laborales o limitar su inserción en el mercado.
Esto sucede en medio de una crisis que afecta seriamente a las empresas al punto de que el parque aeronáutico se está reduciendo rápidamente, debido a que muchos empresarios están en proceso de llevar sus aviones y helicópteros a Uruguay o venderlos en el exterior.
Si lo que está gestándose se concreta, dentro de muy poco tiempo lo que quede del sector aeronáutico estará bajo el control de APLA de la misma manera que el transporte de cargas automotor está bajo el arbitrio del Sindicato de Camioneros.
Aerolíneas Argentinas cuesta al erario entre 600 y 700 millones de dólares anuales, números que reflejan la crisis del COVID-19, pero que en realidad muestran una crónica ineficiencia de gestión por el peso de dotaciones excesivas de personal y privilegios laborales que no existían en ninguna parte del mundo bastante antes de que el SARS-CoV-2 surgiera en Wuhan.
En el mundo las aerolíneas se preparan ante un escenario en plena reconfiguración, pero es de destacar que a lo largo de la aguda crisis que enfrenta el sector, la mayoría de los gremios han acompañado a la industria con responsabilidad y sentido común.
¿Cuánto tiempo se podrá imponer una lógica que finalmente llevará a la destrucción de fuentes de trabajo genuino y a consumir el esfuerzo de los contribuyentes con el objeto de sostener modelos anacrónicos?
La pregunta es retórica.