Otra vez la municipalidad local la emprendió contra las empresas instaladas en el Aeropuerto Internacional San Fernando.
En 2014 escribimos en Aeromarket lo siguiente:
“(…) Aeropuertos Argentina 2000 consideraba (en 2008) que los aeropuertos bajo su concesión no tenían que pagar tasas municipales porque el predio que ocupaban era federal. La posición está documentada en varias presentaciones, por ejemplo, una demanda que interpuso el apoderado del concesionario contra la Municipalidad de San Fernando, el 5 de marzo de aquel año, por considerar que ‘no corresponde hacer efectivo el pago de la Tasa de Servicios Generales que le liquidara el municipio accionado’ (…) También fue muy celosa la actitud de AA2000 al impedir, en diversas circunstancias a lo largo de muchos años, que el municipio (…) realizara inspecciones en las empresas que funcionaban en el aeropuerto, por considerar que éste estaba fuera de su jurisdicción (…) Así las cosas, la controversia parecía continuar a lo largo del tiempo hasta que, repentinamente, AA2000 abrió el aeropuerto a las inspecciones municipales, lo que motivó que las empresas allí instaladas acudieran en socorro al concesionario para obtener –verbalmente– como toda respuesta, que a partir de ese momento el problema era de las empresas con la municipalidad, por lo tanto lo que se debía hacer es ponerse de acuerdo con el fisco local (…) A partir de esa circunstancia, muchos permisionarios comenzaron a ‘regularizar’ su situación ante la municipalidad para evitar una eventual clausura por falta de habilitación y demás requerimientos (…)”.[1]
La nota informaba sobre las pretensiones de la municipalidad, el desentendimiento de AA2000 y las negociaciones que se llevaban a cabo.
Por aquellos días, varias empresas llegaron a arreglos y otras no porque algunas prefirieron evitar litigios mientras otras, asesoradas legalmente, sostuvieron que reconocer jurisdicción al municipio era un error y sentaba un precedente grave.
Ahora, la municipalidad intervino con una jueza para clausurar una importante cantidad de hangares hasta que paguen la tasa de “Seguridad e Higiene”.
Aquí es importante establecer que una tasa no es un impuesto. Las tasas se cobran a cambio de un servicio que la administración pública realiza efectivamente o por un acto que derive un beneficio o ventaja especial. En este caso no parece estar claro el servicio o beneficio que la municipalidad de San Fernando brinda al aeropuerto.
Otra cuestión es la jurisdiccional: ¿es un aeropuerto internacional jurisdicción federal o municipal?
¿Qué dice al respecto el Ministerio de Transporte, ya sea desde el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) o la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil)? Hasta ahora no se sabe ni hay respuesta a las consultas.
Lo más probable es que el problema termine en la Justicia ya que extraoficialmente una empresa aseguró que se presentarían amparos.
Algunos puntos quedan claros en este asunto: 1) la voracidad del Estado en todas sus formas no disminuye; 2) el momento en que esto sucede es particularmente preocupante para la actividad productiva en general y aviación civil en particular y 3) el espíritu por ayudar a la PYMES es una mera declamación de campaña electoral ya que el municipio de San Fernando está administrado por un intendente del Frente Renovador que integra la coalición política Frente de Todos.