El caso es este: los combativos gremios aeronáuticos –con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas a la cabeza (APLA)– se oponen a la política aerocomercial del Gobierno. En otras palabras, se oponen a que el Poder Ejecutivo administre conforme al proyecto político que votó la mayoría de los argentinos. Está claro que la política tiene que transcurrir dentro de la ley, pero no es la ilegalidad lo que objetan las cúpulas sindicales sino la ejecución misma del programa de gobierno. Los discursos y reclamos gremiales expresan claramente que su propósito es cambiar la política aerocomercial de la Administración Macri, lo que implica arrogarse por la vía del paro –o el disfraz de las asambleas– la potestad de decidir al respecto lo cual está claramente descripto en los artículos 22 de la Constitución Nacional y el 229 del Código Penal como sedición.
El paro de facto –esta nota de opinión se escribe cuando ya suman 5.000 los pasajeros varados en aeropuertos– se lleva a cabo a la puerta del inicio de la campaña electoral cuya culminación indicará la preferencia del pueblo de la Nación por alguno de los proyectos políticos que se presenten, en consecuencia, en el acto eleccionario se refrendará la gestión del actual gobierno o se designará otro que implemente su propio modelo en los próximos cuatro años.
sus disidencias puedan expresarse por los canales republicanos establecidos que incluso reconocen el derecho a huelga, lo que no pueden hacer es alzarse “públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o (…) las resoluciones de los funcionarios públicos (…)”.
Los agresivos representantes de los trabajadores aeronáuticos que recientemente expresaron su partidismo en pleno Congreso Nacional, deben acatar el sistema de gobierno que marca la Constitución para no quedar al margen de la ley, esto no excluye que sus disidencias puedan expresarse por los canales republicanos establecidos que incluso reconocen el derecho a huelga, lo que no pueden hacer es alzarse “públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o (…) las resoluciones de los funcionarios públicos (…)”.
Nos vamos aproximando a un tiempo realmente decisivo en el que se definirá el futuro de los argentinos por muchos años. El problema de los gremios en general y la situación de la política aeronáutica en particular deberán ser considerados minuciosamente por las autoridades que sean electas en octubre próximo. Dentro de lo serio del asunto, el futuro de las aerolíneas estatales requerirá una definición criteriosa y urgente sin admitir presiones corporativas y entendiendo que gobernar es administrar y administrar, fijar prioridades. La Argentina tiene que encontrar soluciones para un gran número de problemas graves en los cuales las aerolíneas sostenidas por los escasísimos recursos del erario y con una conducción gremial intransigente y rayana en la sedición están lejos de ser considerados sensibles para el futuro de la Argentina.
En un día de frío extremo en el que varias instituciones, organizaciones caritativas, ciudadanos particulares y el Estado se coordinan para que quienes no tienen dónde dormir o qué comer puedan sobrevivir una noche más, las prioridades parecen estar a la vista.