El pasado lunes 21 de octubre, alrededor de las 16.30, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, realizó un gran operativo policial para tomar el control absoluto del Aeródromo Zárate, donde funcionan los históricos Club de Planeadores Zárate y Club de Planeadores Cóndor, además de varios hangares privados.
No es la primera vez que el aparato de “seguridad” de la provincia –en coordinación con la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria (DPAO)– realiza un procedimiento rayano en la violencia en ese aeródromo del norte de Buenos Aires.
El primer despliegue y avance sobre propiedades privadas en el lugar, fue el 20 de junio de 2023, cuando el ministro de Seguridad era FORMALMENTE, Sergio Berni.
Luego de aquella incursión tan abusiva como inexplicable, comenzaron las acciones judiciales que resultaron a favor de los damnificados por la DPAO, por entonces conducida por Santiago Luis Adaime. En uno de los casos, la jueza María Fernanda Bisio otorgó una cautelar que, apelada por la fiscalía de Estado, fue ratificada por la Cámara de Apelaciones del fuero departamental.
No obstante las resoluciones judiciales de las dos instancias, el Ministerio de Seguridad insistió hasta que la jueza Bisio, volvió inexplicablemente sobre sus pasos el pasado 14 de octubre, al revocar la decisión que ella misma había tomado en un principio y levantar la cautelar, lo que ha instalado fundadas suspicacias sobre el juzgado.
El despliegue policial del lunes 21 se realizó con varios patrulleros que no pertenecen a la comisaría de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el distrito, además, a poco del ingreso de la task force provincial, aterrizó en el aeródromo un Cessna Caravan del gobierno bonaerense, con autoridades de Seguridad a bordo, incluido el titular de la DPAO, señor Ángel Gabriel Pedretti, y una comitiva que también integraba un arquitecto que recorrió las instalaciones privadas con la aparente intención de planificar construcciones futuras en instalaciones de los clubes.
Luego de la llegada de los uniformados, se ubicaron estratégicamente varios puestos policiales dentro y fuera del aeródromo, como si se pretendiera blindar el lugar; incluso se parapetaron cabinas de “custodia” frente a algunos hangares, excepto el de la escuela de vuelo FLY UP.
Desde que se bloqueó el aeródromo, se han producido atropellos, por ejemplo, se impidió el ingreso al predio y el tránsito de calles que pertenecen al Municipio de Zárate, al menos a un ciudadano: el titular del hangar que se desalojó de facto y sin orden judicial, utilizando como único apoyo a semejante acción, la revocatoria de la jueza Bisio.
No se sabe por qué, desde hace dos años, el Gobierno de Buenos Aires insiste con perseguir a los históricos clubes de planeadores y a un empresario. La jueza Bisio ha aceptado el argumento que esgrimió a último momento la Fiscalía sobre (un) supuesto impacto negativo que tiene para “la planificación estratégica y la seguridad de las actividades aeroportuarias de la Provincia de Buenos Aires”, pero es imposible que los clubes y otras instalaciones privadas productivas que tramitaron permisos ante el gobierno provincial en tiempo y forma, y mantuvieron operativo el aeródromo por décadas, sean un obstáculo para que la Provincia de Buenos Aires utilice ese aeródromo para desarrollarlo.