En cierta ocasión, el presidente Ronald Reagan dijo irónicamente en un célebre discurso: “Se mueve, pónganle un impuesto; se sigue moviendo, aplíquenle una regulación; no se mueve más, denle un subsidio”. Lo que subrayaba Reagan era lo pernicioso de la intervención estatal en la actividad económica. Aunque es increíble que a casi 40 años de aquellas palabras, y luego de décadas de 
intervencionismo, se siga insistiendo con la búsqueda de apoyo estatal para el desarrollo de una industria y se castigue con impuestos a esa misma actividad, sin embargo, esto es lo que sucede.
Los defensores del apoyo estatal siempre sostienen sus argumentos en el aporte de la aviación al producto bruto, las conexiones aéreas y el turismo, las fuentes de trabajo que genera y decenas de argumentos bellos que aseguran que un dólar bien invertido por el Estado produciría muchos más. Por el otro lado, están los que demagógicamente –¿hoy se debería utilizar el adverbio “populísticamente”?– señalan que los vuelos en avión particular, compartido o en otra modalidad no masiva son un lujo de ricos, por lo que lo justo es aplicar impuestos especiales a su uso. En esta materia, también el asunto ecológico talla para desincentivar el uso de aviones que, paradójicamente, son cada vez más eficientes y productivos.
Casos en las direcciones que se acaban de señalar hay mucho, pero si nos remitimos a dos noticias recientes en los Estados Unidos, se podría señalar que la Cámara de Representantes de esa nación apoyó la ayuda económica para el crecimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la industria y la infraestructura aeronáutica en un proyecto de ley de conciliación presupuestaria que contempla incluir 12.500 millones de dólares para el financiamiento de programas estatales de control de tránsito aéreo (ATC) y mejoramiento de aeropuertos para los próximos cuatro años. La iniciativa contempla también el reemplazo de radares obsoletos, la modernización de torres de control e instalaciones de control de aproximación por radar terminal, así como recursos para incrementar el reclutamiento y la formación de controladores.
La disposición sobre financiación del tránsito aéreo, presentada por los representantes (diputados) en abril, cuenta con el apoyo de 50 actores clave de la industria y ya ha sido informada por ARMKT, aunque lo novedoso es que ahora la presión para empujar estos proyectos se ha fortalecido en una coalición de asociaciones internacionales de aviación, sindicatos, fabricantes y otros, bajo el nombre de «Modern Skies» (cielos modernos), que apoya el plan.
Como si lo anterior fuera poco, también se están buscando fondos de los contribuyentes para aumentar la producción, disponibilidad y uso de combustible “sostenible” SAF como “parte del objetivo de la aviación comercial de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050”, según lo expresó el titular de la NBAA Edward Bolen.
Desde el otro lado
Lo curioso de las posiciones estatistas es que a veces se muestran con distintas caras y en contradicción, ya que, mientras se gestiona un aumento de gasto público, en el estado de Washington se aprobaron impuestos del 10 % para aeronaves de lujo. Así es, el 
pasado martes 20 de mayo, el gobernador Bob Ferguson (demócrata) firmó el Proyecto de Ley 5801, que incluye un “diezmo” para la venta de aeronaves de lujo, curiosamente denominadas «no comerciales», cuyo precio de compra supere los 500.000 dólares. Además, un impuesto similar también se aplicará «por el privilegio de usar dentro del estado aeronaves no comerciales si su valor supera los 500.000 dólares». El proyecto se comenzaría a aplicar a partir del 1 de abril del año que viene. Esa es la idea general de un gobernador “progresista”. Lástima que al presentar el proyecto se equivocaron al utilizar el término «aeronave no comercial» cuando en la definición estatal de «comercial» no existen aeronaves consideradas «no comerciales», y el estado define el término «comercial» como una «aeronave certificada por la FAA para el transporte de personas o bienes»; en consecuencia, el uso de esa definición hace que el proyecto de ley no alcance a ninguna aeronave ni operador. Más allá de la falta de eficacia para lograr sus propósitos de subir los impuestos, la cuestión es que el gobierno estadual está alineado con muchos políticos en todas partes que consideran que se debe castigar el uso de aeronaves que no estén dentro de un servicio aceptado popularmente, como lo es el transporte aéreo en líneas masivas.
Ambas posiciones, la de exprimir al Estado por un lado y estrujar al ciudadano por el otro en el engañoso arte del “quenosenotismo”, son dañinas para el normal desarrollo de un sector económico, en este caso la aviación, sin que se comprenda que no poner palos en la rueda productiva ni hacer que otros paguen por el servicio que usa un determinado sector son las dos caras de una misma moneda falsa.
En la definición del rol del Estado moderno que genere progreso y no progresismo, sólo debería considerarse su presencia en materia de coordinación y seguridad, aunque esas áreas también podrían prescindir de la injerencia de la política, pero eso es motivo de discusiones que parecen que abordarán las próximas generaciones.
Mientras tanto, lo más justo es que cada quien pague su factura y que el Estado no meta la mano en el bolsillo del pueblo más allá de lo imprescindible.
