El lunes 30 de noviembre la Argentina perdió una nueva oportunidad de avanzar en el camino de tener una aviación moderna.
Ese día, sin aviso previo, sin debate, sin que se haya mostrado un análisis técnico y, fundamentalmente, sin ninguna necesidad urgente, el gobierno, encabezado por el Presidente de la Nación y el Ministro de Transporte, acordó una extensión de diez años en el plazo de vigencia del contrato de concesión del grupo 1 del Sistema Nacional de Aeropuertos.
Y ya que estamos, también sin ley, porque el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso en 1996 fue cajoneado, la privatización se hizo por decreto, y nunca tuvimos una ley de aeropuertos que fije una política al respecto.
La privatización argentina se hizo en un momento histórico en el que no había mayor experiencia sobre el tema, porque recién en esos años se empezaron a concesionar los aeropuertos del mundo, hasta entonces indiscutidos organismos gubernamentales. El modelo local lo diseñó la Unión de Bancos Suizos, y el proceso de adjudicación fue tortuoso (por usar una palabra suave).
El modelo elegido entonces, que nunca fue discutido seriamente, consistió en poner la operación de todos los aeropuertos del país en manos de un único concesionario, que recibe directivas del poder central, sin que haya la más mínima posibilidad de competencia entre las diversas terminales. La justificación que se dio en su momento tenía que ver con la posibilidad de compensar la falta de rentabilidad de algunas estaciones con el buen desempeño de otras, un sistema de subsidios cruzados. Las consecuencia principal de esto es que se puso la base del transporte aéreo, un sistema que en todo el mundo tiende a la liberación y la desregulación, en manos de un único operador, férreamente monopólico, sin ninguna posibilidad de competencia ni de intervención de las provincias y los municipios, que deberían ser los principales interesados en controlar sus terminales.
Algunas pocas provincias trataron de evitar perder sus terminales y se le plantaron a Menem, que, directamente, las intimidó, pero algunas lograron superar las presiones (que fueron muy fuertes) y hoy controlan —mal o bien— sus aeropuertos.
El modelo, puesto a funcionar, demostró tener fallas e imprevisiones que se trataron de enmendar con el correr de los años para llegar a la situación actual, en la que poco queda de aquel sistema de concesionario inversor que pagaba un canon fijo.
Lo único que no se modificó es la brutal concentración del sistema en un solo operador que, es bueno recordarlo, cuando llegó era insolvente y hoy es poderoso.
El vencimiento del contrato original, algo que ocurrirá dentro de ocho años, ameritaba una discusión seria de la política aeroportuaria del país pero, aduciendo el golpe sufrido por la pandemia, la concesión se ha prorrogado sin comentarios.
En 1988 en la Argentina se movieron 6,6 millones de pasajeros y en 2019 30,4 millones. No podemos pensar que todo puede seguir igual hasta 2038, pero las autoridades no lo piensan así, y así se fue otra oportunidad que se perdió la aviación argentina, y ya van muchas.