El fabricante Boeing acordó con el Departamento de Justicia un acuerdo de “procesamiento diferido” (DPA), un procedimiento legal que significa una suerte de “libertad condicional” para empresas que son acusadas, que suspende la prosecución de una causa a cambio de condiciones que el acusado se compromete cumplir.
La acusación contra Boeing –que se presentó en el Distrito Norte del estado de Texas– es muy seria dado que establece que la empresa conspiró para defraudar a los Estados Unidos.
El DPA o acuerdo, implica que Boeing pagará 2.500 millones de dólares totales, que se dividirán en una multa monetaria penal de USD 243.6 millones, pagos de compensación a los clientes del 737 MAX por USD 1.77 mil millones, y el establecimiento de un fondo de 500 millones de la misma moneda para compensar a los deudos de las 346 víctimas que murieron en los accidentes de los vuelos de Lion Air y Ethiopian Airlines.
“Los trágicos accidentes del vuelo 610 de Lion Air y el vuelo 302 de Ethiopian Airlines revelaron la conducta fraudulenta y engañosa de los empleados de uno de los principales fabricantes de aviones comerciales del mundo”, dijo el fiscal general adjunto interino David P. Burns, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Los empleados de Boeing eligieron el camino de las ganancias sobre la verdad, al ocultar información material a la Federal Aviation Administration (FAA) sobre la operación del avión 737 Max y realizar un esfuerzo por encubrir su engaño. Esta resolución responsabiliza a Boeing por la conducta criminal de sus empleados, aborda el impacto financiero para los clientes de las aerolíneas de Boeing y proporciona una suerte de compensación a las familias y beneficiarios de las víctimas del accidente”, agregó el funcionario judicial.
“Las declaraciones engañosas, medias verdades y las omisiones comunicadas por los empleados de Boeing a la FAA inhibieron la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad del público que vuela”, dijo por su parte la fiscal federal Erin Nealy Cox.
Para la Justicia de los Estados Unidos el caso envía un claro mensaje a los fabricantes que, como Boeing, defrauden a los reguladores.
Según la información del “The United States, Department of Justice”, el agente especial del FBI, Emmerson Buie Jr, a cargo de la investigación, señaló que los empleados no fueron francos con la FAA respecto del funcionamiento del sistema MCAS (Sistema de Aumento de Caracteríticas de Maniobra). Boeing admitió que a través de dos de sus pilotos técnicos de vuelo del 737 MAX, engañó a la FAA respecto del MCAS; a su vez, los manuales del avión y los materiales de capacitación de pilotos carecían, por diversos ocultamientos, de la información necesaria que advirtiera sobre los problemas técnicos.
Alrededor de noviembre de 2016, dos de los pilotos técnicos de vuelo del 737 MAX de Boeing, uno que por entonces era jefe del 737 MAX y otro que más tarde los sería, descubrieron información sobre un cambio importante en el MCAS, pero en lugar de compartir la información con la Federal Aviation Administration’s Aircraft Evaluation Group (FAA AEG), ocultaron lo que descubrieron, lo cual llevó a la FAA AEG a eliminar toda la información sobre MCAS de la versión final del Informe 737 MAX publicado en julio de 2017.
Dentro del acuerdo DPA con la fiscalía, Boeing también se comprometió a fortalecer su programa para mejorar los requisitos con que se elaboran los informes. Además, la empresa deberá reunirse periódicamente para cooperar con la Sección de Fraude del Departamento de Justicia para presentarle el estado de su programa e informar sobre los esfuerzos por remediar y mejorar sus procedimientos a los efectos de garantizar que el programa aplicado e implementado es razonablemente eficaz para disuadir y detectar violaciones de las leyes de fraude de los EE. UU. en las interacciones con cualquier agencia gubernamental nacional o extranjera (incluida la FAA) y de las aerolíneas que son sus clientes.