La Asociación de Dueños y Pilotos de Aeronaves (AOPA, por su sigla en inglés), está elevando su protesta por el “uso de datos de seguimiento de aeronaves con el objeto de establecer cabinas de peaje virtuales en las pistas de los aeropuertos.”
La asociación argumenta que la tecnología de ubicación y seguimiento de las aeronaves se ha desarrollado e implementado para la seguridad de los vuelos y facilitar el trabajo de los controladores y no para otros fines.
Un reciente artículo, escrito por Jim Moore, y publicado en la página web de la poderosa organización, informa que el tema ha sido llevado a las autoridades por ser una profunda preocupación de la industria en materia de protección de los derechos al vuelo.
“El presidente de la AOPA, Mark Baker, instó a la FAA (Federal Aviation Administration) a detener el uso de datos de seguimiento de aeronaves por parte de terceros objetivos que contradicen las garantías dadas por la agencia –y reafirmadas más recientemente por el Congreso– de que los datos de seguimiento (del Automatic Dependent Surveillance-Broadcast o ADS-B), se utilizarían con el propósito limitado de aumentar la seguridad.”, dice la columna publicada por AOPA.
“El pasado 12 de septiembre, en una carta dirigida al administrador de la FAA, Michael Whitaker, Baker expresó su preocupación por el hecho de que terceros hayan comenzado a recopilar datos ADS-B para que los aeropuertos públicos los utilicen para cobrar tasas a los pilotos, y le pidió a Whitaker que ‘colabore con AOPA para garantizar que se prohíban esas prácticas’», agrega Jim Moore.
AOPA había apoyado la instalación de ADS-B, un sistema obligatorio que entró en vigencia en 2020, porque entendió que sería utilizado para ayudar a los controladores de tránsito aéreo a mantener las aeronaves separadas de manera segura. “Los pilotos –incluidos la mayoría de los 300.000 miembros de la AOPA– han invertido colectivamente más de mil millones de dólares en equipar aeronaves con transmisores ADS-B, pero esa erogación se realizó bajo la garantía de la modernización del sistema de control y no para recaudar fondos.”, dice la nota.
Por otras razones, la Aviación Civil Argentina también protesta
Mientras en un país en el que se pueden hacer valer los derechos a la privacidad y donde el Estado aún debe cuidarse de sobrepasarse en sus funciones, en la Argentina se discute otro tema que afecta el vuelo, y sobre todo el trabajo aéreo: la ampliación de ADIZ (Air Defense Identification Zone). El proyecto implica la extensión de la zona hacia el sur del paralelo 29, con la argumentación de que tener los vuelos más controlados es imprescindible para garantizar la seguridad y controlar a la aviación clandestina y el crimen organizado.
Lamentablemente, todo el sistema de seguridad que viene fogoneando la Fuerza Aérea Argentina y sectores de los aparatos de seguridad, depierta suspicacias ya que implican incrementos de presupuestos para sostener operaciones que de otra manera no se harían.
Los expertos en lucha contra el narcotráfico, la trata y otros delitos aberrantes aseguran que la mayor parte del control del crimen trasnacional se realiza con mayor éxito a partir de la información que se logra a través de los servicios de inteligencia y el seguimiento del dinero que generan las actividades al margen de la ley. Por otra parte, establecer corralitos en el que el vuelo debe informarse en cualquier circunstancia requiere de comunicaciones fiables que hoy por hoy no son similares en toda la geografía argentina. Con sólo recordar que hace unos días, el propio Aeropuerto Internacional San Fernando no tuvo internet durante muchísimas horas, es posible afirmar que los supuestos sobre los que se basa ADIZ no estarían dados.
En los Estados Unidos la protesta es por el pago en el uso de las facilidades aeronáuticas a partir de tecnología que se impuso desde la FAA, pero en la Argentina el debate es por la existencia de zonas especiales de vuelo que requieren notificaciones que en muchos casos no pueden realizarse ni por teléfono. Lo que sucede al norte del paralelo 29 es más que elocuente para adelantar un pronóstico de lo que será la extensión de ADIZ.
Regla básica para la Argentina: El Estado debe cumplir con lo que le corresponde antes de exigir a los ciudadanos lo que dudosamente le correspondería. Pueden empezar por las obligaciones de la ANAC hacia la aviación, seguir con mejorar los servicios de navegación aérea y luego profesionalizar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en particular para que tenga un conocimiento pormenorizado de los que significa la actividad aérea. Luego, y recién luego, puede exigir a los particulares lo que cree que deben hacer sin traspasar los derechos ciudadanos.
Benjamin Franklin dijo: “Quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ni libertad ni seguridad”.
