¿Sabia que en el mundo hay distritos enteros que son administrados por compañías privadas? Pues así es. Son distritos que por ejemplo tienen a su cargo, entre otros servicios “públicos” la seguridad. Tomemos por caso a la empresa Disney, que administra privadamente, casi 70 km2 * donde opera su propia policía; además posee autopistas con seguridad de tránsito propia y hasta sistemas de bomberos y salud que sirven a los ciudadanos por un precio o tasa mensual.
En la Argentina constantemente recibimos ofertas sobre empresas que venden seguridad privada. Por radio, televisión y redes digitales se promocionan constantemente servicios de alarmas de diversa complejidad, puertas blindadas, incluso hay barrios que cuentan con vigilancia que recorren sus calles o countries que controlan los movimientos de las personas que entran y salen. Todos los argentinos –y no somos los únicos– sabemos que el Estado falla garrafalmente en la provisión de seguridad, entre otros servicios que suelen ser categorizados como “bienes públicos”. Muchos de nosotros nos hemos esforzado en contratar a escuelas privadas para la educación de nuestros hijos y la previsión de contar con un sistema de salud confiable. La gama de servicios que estamos contratando los ciudadanos es enorme, hay casos en que hasta hemos comprado generadores de electricidad porque el suministro de red es de mala calidad o está en constante deterioro producto de la intervención del Estado. El volumen de lo que se supone es obligación del Estado brindarnos es enorme e ineficiente y su reemplazo por un sistema privado no se ha extendido más porque muchos de nuestros compatriotas no pueden pagarlos y en consecuencia están librados a vivir como puedan.
En el mundo las experiencias de servicios privados son importantes, sin embargo en la aviación el Estado sigue intensamente presente en la mayoría de las naciones para garantizar la seguridad, tanto safety como security. Entre la seguridad que se imponen los gobiernos está la de los aeropuertos.
En los Estados Unidos de América el gobierno es el único proveedor de seguridad aeroportuaria, a partir de agentes y alguaciles federales en los aeropuertos, incluso en aquel país del norte el gobierno bloquea la competencia del sector privado. Regulaciones como la Ley de Seguridad y Estabilización del Sistema de Transporte Aéreo y la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte garantizan que el gobierno no sólo haga cumplir la seguridad, sino que también decida lo que es necesario hacer para lograrla.
¿Cómo se podría pensar privadamente?
Al ordenar la aplicación gubernamental y regular los detalles de la seguridad en los aeropuertos, la monopolización gubernamental da como resultado una producción subóptima. A diferencia de las empresas privadas, el gobierno no trabaja para obtener ganancias, por lo tanto, tiene menos incentivos que las empresas para sopesar los beneficios frente a los costos. Según estudios privados en las aerolíneas de Estados Unidos de Norte América el impacto de los mandatos federales en materia de seguridad y los ingresos no percibidos por ella ascendería a unos 7.800 millones de dólares por año. Por supuesto que el gobierno –los gobiernos– no tiene en cuenta plenamente estos costos, sino que legisla para tener equipamiento de inspección cada vez más sofisticado y rutinas de confiscación de cortaúñas que estima son las más adecuadas para asegurar al público que está seguro. Esta indiferencia por la eficiencia de las medidas de seguridad perjudica mucho más de lo que se cree a la industria aérea e, ineludiblemente a los pasajeros que son los que al final del día pagan pasajes más caros y molestias mayores.
Debido a la posición monopolista del gobierno en materia de seguridad, las empresas no pueden competir por los puestos de trabajo de los inspectores federales, los aeropuertos no pueden despedir a su personal de seguridad federal y no existe el incentivo de lucro para que la seguridad del gobierno brinde un servicio efectivo y amigable para los pasajeros. El control gubernamental de la seguridad de la aviación y las aerolíneas en los aeropuertos minimiza los beneficios de la competencia. En el mercado libre, las empresas que compiten crean presión para la innovación en métodos y tecnología de seguridad a precios cada vez menores. La falta de competencia en materia de seguridad aeroportuaria elimina ese incentivo porque la supervivencia del gobierno en el mercado de la seguridad no depende de su servicio. En la Argentina eso ha quedado bien claro con la Policía de Seguridad Aeroportuaria que, además, no tiene parangón con sus homólogos del norte.
Considerando los efectos negativos del monopolio gubernamental, la privatización tiene sentido. La privatización abre las puertas a la innovación. Aunque en la Argentina el monopolio de los aeropuertos es un impedimento para que la mejora sea completa, la seguridad de aeropuertos en sistema de competencia podría ser un factor importante para la elección de los pasajeros que podrían escoger viajar desde lugares con mejor atención.
En un mercado aeronáutico libre, las ideas para una mejorar la seguridad abundarían y, con la presión creada por la competencia, los aeropuertos se verían obligados a considerar innovaciones para mejorar tanto en los niveles de seguridad como en los métodos para lograrla.
En un mercado aeronáutico libre, las ideas para una mejorar la seguridad abundarían y, con la presión creada por la competencia, los aeropuertos se verían obligados a considerar innovaciones para mejorar tanto en los niveles de seguridad como en los métodos para lograrla. Si los aeropuertos decidieran qué medidas de seguridad implementar, la seguridad podría individualizarse para cada aeropuerto. Cada aeropuerto podría decidir lo que es necesario para su seguridad basándose en factores como su tamaño y ubicación. Los aeropuertos más pequeños no necesitan las estrictas regulaciones y la aplicación de las normas que pueden ser necesarias en los aeropuertos más grandes.
Cuando las empresas privadas consideran la seguridad sopesan los riesgos frente a los costos. El incentivo de obtener ganancias disuadiría a los aeropuertos de malgastar dinero en medidas de seguridad ineficaces.
Los oponentes a la libertad ofrecen muchos argumentos contra la privatización de la seguridad aeroportuaria. Uno de los planteos más frecuentes es que la aplicación de la seguridad por parte del gobierno en los aeropuertos aumenta la confianza pública. Los partidarios del control gubernamental argumentan que el público necesita saber que hay un nivel garantizado de seguridad y que, en general, se cree que el gobierno es el proveedor más confiable que una alternativa privada. Sin embargo, incluso si una demostración de fuerza aumenta la confianza pública, el sector privado está mejor equipado para evaluar los costos de la seguridad visible. Pero hay que tener en cuenta que la supervivencia misma de las aerolíneas o los servicios aéreos en general, requiere complacer a los clientes, por eso las aerolíneas deben evaluar de manera realista los costos y beneficios de una demostración de seguridad. Si nadie pudiera volar sin un control de equipaje y personal de seguridad en cada avión, las aerolíneas revisarían los equipajes y contratarían personal de seguridad para cada avión. Las empresas privadas tienen un incentivo mayor que el gobierno para garantizar la confianza de los consumidores.
Otro argumento que suele brindarse en apoyo de la intervención del gobierno es que las líneas aéreas son una actividad de interés nacional. En el caso de los Estados Unidos las aerolíneas son una parte importante de la infraestructura de transporte, pero la importancia nacional no requiere una regulación gubernamental. Las aerolíneas no son más vitales para Estados Unidos que la electricidad, la eliminación de residuos, las plantas de agua o los alimentos. Los intereses nacionales son los mismos que los intereses gubernamentales sólo en la opinión de quienes creen que el gobierno es el guardián de la economía. Sin embargo, incluso quienes creen eso, deben reconocer que la seguridad gubernamental de todas las industrias estadounidenses importantes es una utopía.
Una extensión de este argumento sostiene que la industria de las aerolíneas es particularmente vulnerable como objetivo terrorista y representa un riesgo tan grande que el gobierno debe intervenir. Los aviones son grandes y transportan grandes cantidades de combustible y, debido a su velocidad y tamaño pueden producir tremendos daños. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 son la prueba proclamada por quienes dicen que los gobiernos deben estar presentes para mantener seguros los aeropuertos. El riesgo es innegable, pero hay que recordar las semanas posteriores al 11 de septiembre en que las especulaciones sobre el próximo objetivo terrorista abarcaban desde embalses hasta estadios de fútbol.
La seguridad del ciento por ciento es imposible. El riesgo siempre está presente porque es imposible tomar todas las medidas disponibles para prevenir un ataque. Las empresas privadas tienen un incentivo para responder con solvencia porque su propio sustento depende de sus pasajeros. Los fallos de seguridad nunca pasan desapercibidos, pero los éxitos se ignoran en gran medida. Hubo un fracaso el 11 de septiembre: si el gobierno falló a pesar de las monumentales agencias de inteligencia, inmigración o si los aeropuertos fallaron en sus medidas de seguridad es todavía un tema de debate. Sería ingenuo atribuir la falta de ataques posteriores a las medidas de seguridad del gobierno en los aeropuertos. Los pasajeros del 11 de septiembre no esperaban un secuestro suicida porque la mayoría de los secuestros terminaban con un aterrizaje en la pista. Ahora la conciencia de los pasajeros actúa como un elemento disuasorio porque los terroristas saben que los propios pasajeros no serán pasivos ante una situación como la del 11 de septiembre de 2001. Además, la industria aérea siente la presión de las amenazas terroristas, por lo que no quieren arriesgarse a un ataque debido a la falta de seguridad.
El gobierno no puede impedir que los terroristas introduzcan armas en un avión, de hecho se ha probado que se puede hacer con cierta facilidad, sin embargo, como el monopolio de la seguridad es del Estado y no hay opciones, la falta de competencia no genera presión para innovar.
El gobierno no puede impedir que los terroristas introduzcan armas en un avión, de hecho se ha probado que se puede hacer con cierta facilidad, sin embargo, como el monopolio de la seguridad es del Estado y no hay opciones, la falta de competencia no genera presión para innovar. Como resultado, las aerolíneas pagan más y los pasajeros están menos seguros.
Otro argumento contra la privatización es que sin un estándar uniforme de seguridad, los aeropuertos no pueden confiar en la seguridad de los vuelos que llegan. Proteger los aeropuertos en un mercado libre requeriría cooperación y los aeropuertos tendrían incentivos económicos para cooperar. Si un aeropuerto cuestionara la seguridad de los vuelos entrantes, podría restringirlos. En algunos casos, sería económicamente más viable controlar a los pasajeros y el equipaje que prohibir los vuelos. La responsabilidad por fallas en la seguridad también motivaría a los aeropuertos individuales a mantener un alto nivel de seguridad. El deseo de cada aeropuerto de mejorar la seguridad presionaría a otros aeropuertos a elevar sus estándares para lograr niveles más altos de seguridad.
Como la seguridad es un servicio comercializable, estas empresas tienen un incentivo económico para proporcionar y mantener un alto estándard en la materia.
El mismo deseo de seguridad que tienen los ciudadanos para proteger sus vidas y bienes es el que impulsaría a las empresas privadas de aviación a ser eficientes en la protección de sus servicios. El hecho de que la industria no quiera desperdiciar dinero no significa que el gobierno deba intervenir; las fuerzas del mercado simplemente motivan a la industria a encontrar la mejor manera de proporcionar una buena seguridad. La privatización daría como resultado una seguridad aérea que sería más conveniente, más rentable y, sobre todo, más segura.
* Actualmente en disputa por un litigio ideológico con el gobernador de Florida.
Basado en una ponencia de Abby Johnson para el Mises Institute.
Ni publico, ni privado ni mixto.
Conforme al Convenio de Chicago:
Seguro (safety & security) SARPs de 9 Anexos
Regular SARPs del Anexo 9 (FAL)
Eficiente SARPs de otros 9 Anexos
Una Autoridad Aeronautica Competente (ANAC) y los prestadores de servicios aeronauticos y aeroportuarios:
Una Autoridad de Aplicacion (PSA) con funciones de fuerza pública para asegurar el cumplimiento de las normas nacionales y funciones aeronauticas debidamente instruidas, certificadas y habilitadas por la AAC.
Prestadores de servicios publicos, privados y mixtos.
Pero para la respuesta a las Emergencias (incluidas las contingencias por actos de interferencias ilícitas) solo fuerzas públicas dado que el sector privado o mixto no tiene ni la capacidad ni el marco legal para responder.
La independencia exigida por las normas y un efectivo control de calidad son la única garantía de la eficiencia del sistema.
Sin dejar de considerar que en algunas regiones la problemática del Vontrabando Calificado y el Narcotrafico (competencia de las Aduanas) sigue siendo el germen que genera los orificios por donde se seguirán filtrando por todas las fetas del queso gruyere los accidentes, las interferencias ilícitas y los mayores costos para la industria.
Excelente nota aplicable en algunos aspectos en Argentina y en otros no tanto
Sin una politica seria de security aeroportuaria y si la PSA no prioriza la AVSEC imposible de tener una seguridad acorde con los niveles de amenaza (que a veces ni la propia PSA los conoce)
Privatizar significa fiscalizar para el estado ya que es el responsable pero sin una organizacion con personal idóneo y con planes bien establecidos sera imposible
Pasan los años y siempre cambian la forma de aplicar la security en las aeropuertos sin ir mas lejos recordemos cuando se le endilgo a la PAN tener empresas privadas en los puntos de inspección y crear la PSA con el impresentable de Saín a la cabeza para transformar una policía aeroportuaria dedicada al AV SEC en una policía para espiar dedicarse a buscar personas juzgadas por temas de derechos humanos etc etc mientras despegaba de ezeiza a moron un challenger cargado de cocaína via españa
La aviación esta en crisis y no tengan dudas que la security también