Luego de un año para olvidar en materia de sentido común y facilidades para impulsar a la aviación civil argentina, podemos decir que se observan algunos indicios que podrían estimular ciertas esperanzas.
Si bien sostenemos que la normativa que da soporte a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) es inconstitucional por avasallar derechos individuales, estamos en condiciones de señalar que la PSA está procediendo mejor respecto de la aplicación de esas leoninas normas, lo cual contribuye a la agilización de los procesos de “seguridad” en algunos de los más importantes aeropuertos en donde está presente.
Sin dudas se trata de un aprendizaje y el resultado de lo disparatado que resultaba aplicar restricciones y demoras a quienes trabajan en el ámbito aeronáutico. Si bien se mantienen trabas y procedimientos engorrosos y de poco resultado concreto, se puede verificar que la actitud de los funcionarios ha mejorado en la comprensión de la dinámica de la actividad aeronáutica.
Con esa ligera mejora, más la reinstalación de la Aduana y Migraciones en San Fernando, se podría con generosidad afirmar que se registra un cierto alivio en las tensiones que se padecieron desde abril de 2011.
En materia de diálogo, no podemos afirmar lo mismo. Lamentablemente, desde los lugares de decisión no se observa ninguna intensión de compartir una mesa de consenso para hacer que la normativa y la práctica en materia de aviación coincidan para impulsar la actividad hacia un futuro de crecimiento.
Pasadas las vacaciones, tal vez los organismos relevantes en la toma de decisiones aeronáuticas, se pongan a trabajar para aunar opiniones y ayudar a que la actividad aérea no decaiga durante 2012, año que todos reconocemos como cargado de incertidumbres y desafíos.