Se ha difundido por distintos medios la versión de que el Gobernador Daniel Scioli firmaría en breve un decreto que prohibiría la aeroaplicación en todo el territorio de la principal provincia agropecuaria del país.
La verdad es que la decisión que tendría Scioli sobre su escritorio para la firma es un texto redactado por Gustavo Arrieta, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, que transcribiría una disposición que él mismo implementó como intendente del partido de Cañuelas, en 2010, limitando la fumigación aérea a dos mil metros de las zonas urbanas.
Lo más curioso de la noticia es la rapidez con que se propagó por los medios de todo el país y la forma en que ha sido presentada. Aparentemente, el propio Arrieta, en declaraciones a una radio y en plena campaña como candidato a diputado del Frente para la Victoria, habría lanzado la versión de una “prohibición total” de la aeroaplicación.
El Gobernador Scioli debería saber que tiene una “quinta columna” nada menos que en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, que opera en contra de los más altos intereses productivos de provincia y asesorarse por expertos de verdaderos kilates no sólo sobre lo que implica el medio aéreo en la producción agroalimentaria, sino sobre los fundamentos científicos en que se apoya la más avanzada y testeada tecnología agrícola.
En el ambiente aeronáutico decimos que resulta llamativo que no existan antecedentes de pilotos afectados por agroquímicos, si los mismos se utilizan con la precaución que cada fabricante señala. Va de suyo, que los principales afectados por productos supuestamente dañinos serían quienes están más próximos a los mismos, sin embargo, ese no es el caso.
Es necesario que la Argentina aborde con seriedad un debate profundo sobre la forma en que se debe realizar la producción agropecuaria. Países disímiles como los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, Brasil, India, Sudáfrica, Ucrania y Rusia, por citar a los más relevantes en la producción agrícola, tienen en la aeroaplicación y los defensivos agrícolas a una de sus herramientas más efectivas para mejorar sus rindes y garantizar su propia seguridad agroalimentaria.
Creemos que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también debería tomar cartas en el asunto pues es la autoridad que puede explicar a los diversos actores gubernamentales que cada empresa de fumigación aérea que opera en la Argentina debe estar habilitada y que cada equipo aeroaplicador es operado por un profesional certificado –ambos por ella– lo cual garantiza la más eficiente aplicación de productos fitosanitarios que a su vez están fiscalizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Estos datos no son menores ya que en pocos rubros del proceso agroproductivo se puede observar esta característica que garantiza la más amplia seguridad para la población.
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