La inminente salida de Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología podría parecer otro movimiento dentro de un Gobierno habituado a desplazar funcionarios y redistribuir áreas. Sin embargo, el cambio alcanza a una estructura poco conocida por la ciudadanía, pero atravesada por organismos presentados como estratégicos, empresas estatales, desarrollos tecnológicos y presupuestos considerables.
Las versiones conocidas indican que la partida de Genua sería formalizada en los próximos días, en el marco de una reorganización impulsada desde la Jefatura de Gabinete. El movimiento estuvo precedido por el desplazamiento de ARSAT y otros organismos que se encontraban bajo la órbita de la Secretaría.
Detrás de esos cambios aparece un entramado estatal difícil de comprender para el observador externo.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) define y ejecuta la política espacial argentina. ARSAT opera satélites de telecomunicaciones, conectividad e infraestructura asociada. INVAP, empresa perteneciente a la provincia de Río Negro, diseña e integra satélites, radares y otros sistemas tecnológicos contratados en buena medida por el Estado nacional. Y Vehículo Espacial Nueva Generación S.A. (VENG), controlada por la CONAE, funciona como empresa tecnológica e industrial ligada a los programas espaciales. En los papeles, cada una tiene una función distinta. En la práctica, los límites son menos claros.
Los organismos se contratan entre sí, comparten proyectos, transfieren recursos, encargan desarrollos y pueden subcontratar trabajos a otras empresas públicas o privadas. El mismo peso originado en el presupuesto estatal puede aparecer primero como gasto de un organismo, luego como ingreso de una sociedad estatal y finalmente como pago a otro proveedor. No se gasta necesariamente varias veces, pero el recorrido dificulta conocer el costo consolidado de cada proyecto, quién toma las decisiones y quién responde por los resultados.
VENG ocupa un lugar singular dentro de ese esquema. Fue constituida en 1998, durante el segundo gobierno de Carlos Menem, como una sociedad vinculada con la CONAE. Sin embargo, inició formalmente sus actividades comerciales en 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner. En los hechos, es el brazo empresarial de la CONAE y desarrolla actividades vinculadas con lanzadores, sistemas satelitales, electrónica, ingeniería, infraestructura terrestre y otros servicios tecnológicos. También depende económicamente de su controlante.
Según los presupuestos públicos analizados, una parte ampliamente mayoritaria de los ingresos operativos previstos por VENG proviene de contratos celebrados con la propia CONAE. Para 2025, por ejemplo, la empresa estimaba recibir aproximadamente $18.010 millones de la agencia espacial y cerca de $3.912 millones de terceros. Eso significa que alrededor de ocho de cada diez pesos que VENG proyectaba ingresar tenían como origen contractual a la entidad estatal que, a su vez, controla la empresa.
No se trata necesariamente de transferencias sin contraprestación. VENG realiza trabajos, desarrolla tecnología y presta servicios. Pero la relación obliga a preguntarse cómo se fijan los valores, qué capacidades se mantienen dentro de la empresa, qué tareas se subcontratan y qué controles permiten conocer el costo final de los programas. La cuestión adquiere mayor relevancia cuando las instituciones que administran esos recursos también se convierten en espacios de disputa política. El desplazamiento de Genua y la redistribución de áreas no prueban por sí solos que exista una pelea por las cajas, pero muestran que el control de estos organismos forma parte del reordenamiento del poder dentro del Gobierno.
Y en medio de ese entramado aparece Christian Cuba.
Tres cargos reconocidos
Cuba se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad Operacional (DNSO) de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que, como saben los lectores de ARMKT, es un área central para la certificación, fiscalización y vigilancia de la aviación civil argentina.
Pero no ocupa solamente ese lugar.
En una respuesta oficial a un pedido de información pública realizado por ARMKT, el propio funcionario reconoció que integra el directorio de VENG como director titular. También confirmó que se desempeña como presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial (CPIAyE).
Es decir, Cuba ocupa simultáneamente tres posiciones: dirige el área responsable de la seguridad operacional de la aviación civil; preside la entidad profesional que agrupa y matricula a ingenieros aeronáuticos y espaciales; e integra el directorio de una empresa estatal involucrada en desarrollos tecnológicos y espaciales financiados principalmente mediante contratos públicos.
La acumulación no demuestra, por sí sola, la existencia de una incompatibilidad legal ni permite afirmar que el funcionario haya intervenido indebidamente en algún expediente. Pero sí plantea una cuestión institucional que merecía una evaluación seria.
La evaluación que no aparece
Ante el pedido de información, la ANAC —con la firma del propio CUBA, a cargo de la firma del Despacho— respondió que no registra actuaciones administrativas, dictámenes ni antecedentes que hayan concluido en la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses. También sostuvo que la sola acumulación de cargos no configura por sí misma una incompatibilidad y que no se había presentado una situación que justificara iniciar actuaciones. La respuesta parece tranquilizadora, pero encierra una debilidad evidente.
La ausencia de actuaciones que hayan determinado un conflicto no significa que el caso haya sido evaluado y descartado. También podría significar, sencillamente, que en la ANAC nadie consideró necesario analizar prudentemente la situación. De hecho, cuando se solicitaron antecedentes, informes, dictámenes o documentación vinculada con esa evaluación, la propia ANAC admitió que esos elementos no obran en poder del organismo. Por lo tanto, la conclusión no surge de un procedimiento documentado que haya examinado las funciones de Cuba, sus eventuales intervenciones, los asuntos sobre los cuales debería abstenerse o los vínculos existentes entre los organismos y entidades involucrados.
En los hechos, la respuesta de la ANAC se limita a señalar que no encontró una prohibición automática.
Ahora bien, una cosa es que no exista una incompatibilidad expresamente declarada y otra muy distinta es que la acumulación de funciones haya sido sometida a un análisis preventivo, independiente y suficiente.
La seguridad operacional exige algo más que el cumplimiento mínimo de una formalidad. También requiere independencia de criterio, transparencia y confianza en quienes ejercen funciones de regulación y fiscalización. En ese marco, cabe preguntar si resulta institucionalmente conveniente que el funcionario a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad Operacional de la ANAC presida al mismo tiempo una organización profesional del sector e integre el directorio de una empresa estatal vinculada con el universo aeronáutico y espacial. También corresponde conocer qué otros cargos, actividades profesionales, funciones societarias o representaciones mantiene el funcionario y qué mecanismos emplea la ANAC para identificar posibles cruces y disponer abstenciones cuando resulten necesarias.
Un problema más amplio
El caso Cuba podría parecer una cuestión individual. Sin embargo, cobra otra dimensión cuando se lo observa dentro del entramado de la política espacial.
VENG no es una empresa marginal. Es una sociedad controlada por la CONAE, sostenida en gran medida por contratos celebrados con el Estado y situada en el centro de programas tecnológicos estratégicos.
La presencia de un alto funcionario de la ANAC en su directorio conecta tres ámbitos que deberían mantener límites claros: la regulación estatal, la representación profesional y la conducción empresarial.
Tal vez no exista una incompatibilidad prohibida por una norma específica. Pero el Estado tampoco mostró haber analizado seriamente si esa concentración de funciones afecta la independencia, genera riesgos de conflicto o exige mecanismos especiales de transparencia.
Mientras tanto, el reordenamiento que acompaña la salida de Genua vuelve a mostrar que detrás de la política científica y espacial no solo existen satélites, lanzadores y proyectos tecnológicos. También hay empresas, contratos, presupuestos y espacios de poder conocidos como “cajas”. Y en algunos casos, demasiados de esos espacios parecen confluir en las mismas personas, sobre todo cuando existen otros profesionales capaces de cumplir esas funciones sin despertar suspicacias.
El Gobierno afirma que llegó para reducir el Estado, eliminar privilegios y terminar con las estructuras sostenidas por los contribuyentes. Sin embargo, alrededor de la política espacial subsiste una red de organismos y empresas públicas que se financian, contratan y controlan entre sí.
Además, ¿qué tiene de liberal-libertario sostener semejantes esquemas estatales? 