Al filo de Nochebuena del año pasado, ARMKT publicó un artículo que daba cuenta de que el Poder Ejecutivo de Chile había contratado 77 aeronaves; sin embargo, los recursos disponibles para 2025-2026 fueron muchísimos más.
La nota de diciembre señaló que Chile había presentado la decisión estratégica de contar con un dispositivo estatal de 77 aeronaves, 319 brigadas y más de 160.000 millones de pesos chilenos (US$ 170 millones) para el plan de prevención, mitigación y control de incendios forestales, pero esos recursos eran y muestran solo una parte de las previsiones chilenas.
Según una planilla de asignación de códigos de transpondedor y distintivos de llamada para las operaciones aéreas de la temporada en consideración, la estructura total chilena es bastante más amplia.
El documento al que tuvo acceso ARMKT contiene 194 asignaciones operativas correspondientes a aviones y helicópteros vinculados con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), empresas forestales y otros contratantes privados. El dato no significa que Chile haya dispuesto de 194 aeronaves únicas ni que todas permanecieran simultáneamente disponibles. La nómina incluye tres posiciones sin matrícula consignada, algunas identificadas como reserva, y una matrícula que aparece dos veces con asignaciones diferentes. En total, contiene 190 matrículas únicas identificables.
La precisión es importante, pero no modifica el núcleo de la información al señalar que el dispositivo aeronáutico preparado para intervenir en el manejo del fuego es considerablemente mayor que la flota estatal anunciada públicamente a fines de 2025.
Una flota pública dentro de un sistema mayor
De las 194 asignaciones registradas, 84 figuran bajo CONAF y 40 bajo SENAPRED. Las 70 restantes corresponden a compañías forestales y otros actores privados, entre ellos Arauco, Mininco, CMPC, Cambium y diferentes contratistas.
Según los tipos consignados en la nómina, las asignaciones comprenden 80 aviones y 114 helicópteros. No todos son medios de lanzamiento. También aparecen aeronaves destinadas a observación, detección, coordinación, transporte de brigadistas y apoyo operativo.
La diferencia entre las 77 aeronaves presentadas por el Gobierno y las 194 asignaciones de la planilla señala no solo la importancia de la previsión estatal, sino la coordinación entre el Estado y los privados que protegen recursos forestales que constituyen parte de su capital. Esto último es importante porque los derechos de propiedad juegan un rol fundamental en la protección del ambiente.
Chile no depende únicamente de los medios que contrata el Estado, que, como queda evidenciado, son importantes y se reservan con tiempo y previsión.
El dato no está solo en la cantidad
Cada registro de la planilla de movimiento/operaciones contiene el código de vigilancia secundaria por radar (SSR), la matrícula, el tipo y modelo de aeronave, el contratante, el distintivo de llamada, la región, la base de operación, la empresa responsable y sus contactos operativos. La importancia de ese nivel de detalle supera la cuestión administrativa.
El sistema indica que antes de que una aeronave ingrese en un espacio aéreo afectado por el humo, la turbulencia, la baja altura y la convergencia de numerosos medios, ya se ha definido cómo será identificada, qué distintivo utilizará, desde dónde operará y quién será responsable de ella. El sistema no comienza a organizarse cuando aparece la primera columna de humo. Y lo más importante es que la política diseñada procura llegar a la temporada crítica de fuego con una parte importante de la coordinación ya resuelta.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) realizó a fines de octubre de 2025 una jornada específica para el comienzo de la campaña de extinción. Participaron más de 90 representantes de organismos públicos y de la industria, y se trabajó sobre operaciones con equipos de visión nocturna, evaluación de riesgos, certificación de sitios eventuales y aeródromos, utilización del espacio aéreo, distintivos de llamada, códigos de transpondedor y protocolos de coordinación. El dato puede parecer burocrático, pero es esencial. Aumentar la cantidad de aeronaves sin establecer cómo convivirán dentro de un espacio aéreo reducido puede incorporar riesgo en lugar de capacidad.
La flota se distribuye según el riesgo
La política chilena tampoco reparte aeronaves de manera uniforme. La concentración principal se encuentra en las regiones centrales y del centro-sur, donde coinciden extensas superficies forestales, áreas urbanas, infraestructura crítica y zonas de interfaz entre ciudades y vegetación.
Valparaíso, la Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía concentran buena parte de los medios. Las regiones australes reciben menos recursos permanentes, pero disponen de aeronaves adaptadas a territorios extensos y de difícil acceso.
La distribución responde a patrones estudiados sobre el comportamiento histórico del fuego, las características de la vegetación, el relieve, la meteorología y la exposición de personas y bienes. Parte de los medios mantiene, además, capacidad de desplazamiento nacional para reforzar las regiones donde aumenta la demanda.
Los grandes aviones tanqueros suelen ocupar los titulares, pero la eficacia del sistema depende en buena medida de los medios que pueden despegar desde una base cercana durante los primeros minutos de un incendio. Si bien la capacidad de descarga importa, la distancia hasta el foco es vital.
El sector forestal forma parte del dispositivo
La participación privada no es accesoria. Chile posee una industria forestal de gran escala y buena parte de sus activos se encuentra en las regiones más expuestas al fuego. Empresas como Arauco, Mininco y CMPC mantienen o contratan aviones, helicópteros y bases operativas para proteger sus bosques e instalaciones. En la nómina aparecen Air Tractor AT-802, Thrush S2R-T660, helicópteros Agusta A119, Bell 212 y 412, Airbus AS350, Super Puma y otras aeronaves de distintas capacidades. Esos medios no operan en un espacio separado. Durante una emergencia deben convivir con aeronaves de CONAF, recursos movilizados por SENAPRED, brigadas terrestres, helicópteros de transporte, aviones de observación y medios pesados.
La integración público-privada deja de ser una declaración cuando cada aeronave recibe una identificación, una base, un responsable y un lugar dentro de los protocolos operativos.
Desde ya que, para que esos medios “estén”, es necesario elaborar políticas de previsión que respalden al sector no estatal, dado que la capacidad estatal, por lo general y en todas partes, resulta insuficiente para hacer frente al creciente flagelo del fuego.
Una aeronave especializada no aparece de un día para otro. Requiere contratos, tripulaciones entrenadas, mantenimiento, seguros, combustible, instalaciones, retardante y una expectativa razonable de continuidad.
Más que una política de aviación
Los aviones y helicópteros constituyen solo una parte del plan chileno.
Entre las temporadas 2021-2022 y 2025-2026, el presupuesto estatal destinado al manejo del fuego pasó de 75.000 millones a más de 160.000 millones de pesos chilenos. Las brigadas aumentaron de 252 a 319 y los equipos técnicos dedicados a prevención pasaron de 155 a 229 personas. A ello se agregan la construcción de cortafuegos, los sistemas de detección, las cámaras, las herramientas predictivas, el monitoreo territorial, la preparación de comunidades y la coordinación con gobiernos regionales, municipios, fuerzas de seguridad y empresas.
El avión puede contener un frente, proteger una posición o facilitar el trabajo de las brigadas. No sustituye la gestión del combustible vegetal, la detección temprana, el acceso terrestre ni el trabajo posterior sobre el perímetro.
La política chilena invierte fuertemente en aviación, pero no parece confundir una gran flota con una solución independiente del resto del sistema.
Prepararse para operar juntos
El principal dato de la planilla no es que Chile tenga casi 200 aeronaves para combatir incendios, porque el documento no permite afirmarlo de esa manera. Lo que demuestra es que el país organizó 194 asignaciones operativas para recursos públicos y privados, estableció cómo serían identificados y procuró incorporarlos a una estructura común antes de que fueran necesarios.
No todos arrojan agua o retardante. No todos pertenecen al Estado. Algunos son reservas y no todos estarán disponibles simultáneamente. Precisamente por eso necesitan una organización capaz de conocer qué medios existen, dónde están, quién los opera y cómo deben coordinarse.
La experiencia chilena muestra que el manejo aéreo del fuego no consiste solamente en contar aviones. Consiste en anticipar el riesgo, sostener capacidades, distribuir bases, integrar al sector privado y organizar el espacio aéreo donde deberán operar.
El año pasado Chile anunció 77 aeronaves estatales. Detrás de esa cifra aparece algo más importante: un sistema mucho mayor preparado para hacerlas trabajar junto con el resto de los recursos. 
