El Decreto 639/2024 abrió la posibilidad de delegar en terceros funciones hasta entonces reservadas a la autoridad aeronáutica. Sin embargo, el plazo para implementar la reforma está largamente vencido.
El 18 de julio de 2024 fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto 639/2024, reglamentario del Registro Nacional de Aeronaves.
La norma implementó cambios muy positivos en la repartición, que a partir de ese momento modificó radicalmente su velocidad de respuesta a los usuarios. En eso influyó también, hay que decirlo, el desembarco en el Registro de la Dra. María Eugenia Torres Luraschi, que imprimió a la dependencia un impulso que no registraba (valga la redundancia) desde tiempos de la gestión del Dr. Eduardo Miño.
Ahora bien, con todo lo buena que ha sido, la obra reformadora del Registro se ha quedado trunca, o a medio camino, pues inexplicablemente no se han implementado todavía todos los resortes previstos en el decreto presidencial que la dispuso.
En efecto, al día de la fecha no ha sido implementado el estratégico artículo 36 del Anexo I de aquel decreto, que consagra (ni más ni menos) la figura de la autoridad delegada en el ámbito registral.
De acuerdo con ese artículo, “la autoridad aeronáutica podrá autorizar a terceras personas, instituciones públicas y/o privadas, a través de personas humanas o jurídicas, a llevar adelante el proceso de matriculación y emitir certificados de matrícula, aeronavegabilidad, nivel de ruido, estación radioeléctrica, listados de equipamientos mínimos, programas de mantenimiento de aeronave y/o motor y/o hélice, como así también la aprobación de datos de certificación de tipo, y/o memorias técnicas por alteraciones menores y mayores a productos Clase 1, y cualquier otra documentación técnico-jurídica que confluya en la matriculación y emisión del certificado de aeronavegabilidad, certificado de aeronavegabilidad para la exportación, cancelación de matrícula, cese de bandera o cualquier otro procedimiento de inspección registral y/o técnico de competencia de la autoridad aeronáutica”.
Es más, el propio artículo 36 del Anexo I al Decreto 639/2024 expresa que “el administrado puede requerir libremente la prestación de los servicios ante la autoridad aeronáutica o ante aquellos a quienes se autoricen las facultades a que se refiere el presente artículo. La autoridad aeronáutica nacional listará a las personas humanas y/o jurídicas que soliciten la autorización aquí establecida. Este listado será público, abierto a cualquier interesado y sus datos se deben actualizar periódicamente. La autorización prevista en el presente artículo se debe conceder a todo aquel requirente, previo examen de aptitud técnica y antecedentes y en cumplimiento y observancia del régimen de incumbencias profesionales, debidamente acreditadas”.
Como surge de la simple lectura de los párrafos transcriptos, la reforma ordenada por el Presidente Milei es total y significa –lisa y llanamente– el fin de los monopolios estatales del Registro Nacional de Aeronaves y de la Dirección de Aeronavegabilidad respecto de la expedición de los certificados y documentos mencionados. La reforma propuesta por Milei no supone destrozar a estas dependencias al mejor estilo motosierra, sino hacer más accesible a los usuarios la obtención de los documentos que estas expiden, por vía de autoridad delegada. El Presidente Milei firmó el Decreto 639/2024 aspirando a que hubiera muchos jugadores privados (investidos de funciones delegadas) que a la vez compitieran entre sí en cuanto al precio de sus servicios, con el previsible resultado de reducir el ticket final a los usuarios. Por eso, precisamente, dispuso expresamente en el artículo 36 que “el precio de estos servicios autorizados debe ser libremente acordado entre las partes y serán abonados por la parte interesada”.
Sin embargo, y para decirlo en términos elegantes, todas estas bellas previsiones han quedado reducidas a relato, a verso, a papel mojado. Porque al día de la fecha nada de eso se ha implementado, de modo que estamos ante un perfecto ejemplo de aquello que los juristas llaman “letra muerta”. Hubiéramos podido emplear el término “hojarasca”, tan usado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pero preferimos no hacerlo porque sería escandaloso dejar en evidencia que una clara reforma positiva del Presidente Milei quede reducida a esa penosa categoría por mera inacción de sus subordinados.
Y no erramos al denunciar la inacción, porque el artículo 36 que venimos comentando no se ha convertido en una feliz realidad debido a la pura desidia de quienes contribuyeron a alumbrarlo. Veamos a continuación si no ha sido así.
El Decreto 639/24 estableció en su artículo 3° que entraría en vigencia a los sesenta días de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, que se produjo el 19 de julio de 2024. A la vez, el artículo 36 del Anexo I de ese mismo decreto dispuso, textualmente, que “la autoridad aeronáutica dictará las normas que resulten necesarias para la implementación de la autorización referenciada dentro de los 180 días de la entrada en vigencia del presente”.
Si sumamos los 60 días previstos en el Decreto con los 180 días previstos en su Anexo, tenemos 240 días. Si contamos 240 días hábiles a partir de la publicación de ambos textos en el Boletín Oficial, llegamos a la triste conclusión de que el plazo impuesto por el Presidente para que la ANAC hiciera realidad sus sueños venció el 11 de julio de 2025. Así, entonces, a la fecha de hoy (20 de noviembre de 2026) llevamos 330 días desde el plazo último en que debió ponerse en vigencia el nuevo régimen de autoridad delegada registral, sin que ello haya ocurrido y sin que exista siquiera la más remota esperanza de que ello ocurra.
En repetidas oportunidades, el activo Pascual Paco Falabella, presidente de la Asociación de Pilotos de la República Argentina (APRA), ha referido públicamente que las reformas propuestas por el presidente Milei finalmente no se implementan en el ámbito aeronáutico por el sabotaje de “las terceras líneas”, es decir, de la vasta constelación de tecnócratas que, puertas adentro de la ANAC, anulan o ralentizan los deseos presidenciales de una reforma profunda.
En este caso estamos en presencia de una frustración de la voluntad presidencial (no diremos todavía sabotaje) por inacción de “las primeras líneas”, concretamente del secretario de Transporte de la Nación (investido como “autoridad de aplicación e implementación” del Decreto 639/2024 por el artículo 2° de esa norma) y del administrador nacional de Aviación Civil (obligado a implementar la reforma en el último párrafo del artículo 36 del Anexo I del mismo decreto).![]()
