La semana pasada el Gobierno Nacional convocó a los más importantes empresarios del mundo a al Foro de Inversiones y Negocios de la Argentina, más conocido como “Mini Davos”.
Para esa reunión arribaron al país entre 15 y 21 aviones ejecutivos. Muchas de esas aeronaves estuvieron en el FBO de Ezeiza.
El FBO de Ezeiza —del concesionario Aeropuertos Argentina 2000— es el único lugar de ese aeropuerto al que pueden llegar las aeronaves de la aviación general y es el más caro de toda la región; allí no hay una alternativa pública que pueda brindar servicios a quien no quiere ser expoliado por el monopolio artificial que creó la administración Menem y continuaron sus sucesores. Seguramente las tripulaciones que llegaron de otros países deben de haber recibido un tratamiento gentil de parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cosa que en el Aeropuerto Internacional de San Fernando no ocurre con los criollos que sufren cotidianamente los rigores de la Resolución 172 y 175 que, en lugar de desbaratar al crimen objeto de su misión, destruyen la actividad aeronáutica que financia su existencia.
El Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, ha viajado a Qatar y China en un avión que pertenece a la aviación general (aunque no se sabe cómo se contrató ni si está dentro de las normas de transporte), y lo mismo ha ocurrido hace unas horas al volar hacia Nueva York con motivo de su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas. No es la primera vez que Macri viaja en avión privado, por lo que debe conocer su utilidad y lo asociado que está la aviación ejecutiva con los negocios globales. Por eso resulta tan extraño que el ministro de Transporte y su equipo no comprendan, por más que les apasionen las bicicletas, que el trato en los aeropuertos a la aviación general es una de las primeras y últimas impresiones que se lleva un inversor cuando pisa tierra argentina y cuando la deja.
En esta oportunidad la suerte ha estado de nuestro lado ya que ninguna de las aeronaves —al menos de las que pudimos constatar— aterrizó en el fatídico Aeropuerto Internacional de San Fernando, en donde Aeropuertos Argentina 2000 y la Policía de Seguridad Aeroportuaria parecen constituir un tándem que desalienta hasta al más generoso de los inversores.
El desastre en San Fernando es tan importante, que las limitaciones de ingreso afectan desde técnicos que vienen a reparar aires acondicionados a compradores de aeronaves, pasando por especialistas que van a reparar aviones, proveedores, prensa especializada y casi todo lo que se mueva, incluidos, claro está, empresarios que abordan su avión o un taxi aéreo contratado.
La inconstitucionalidad de las resoluciones a las que se aferró la PSA de Itzcovich es clara. En la última etapa de la administración anterior se había logrado relajar la situación a un nivel de convivencia, pero fue en esa “década ganada” que la norma se pergeñó al entenderse que la aviación general era cuestión de ricos, lo cual fue funcional a un amo inconfesable.
En la actualidad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, especialmente en San Fernando, actúa de un modo sospechoso dado que sus trabas favorecen a las pretensiones recaudatorias de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, ya que ese concesionario aspira a que todo aquel que acude a prestar un servicio en instalaciones por la que cobra un alquiler o canon pague, además, una gabela en proporción a lo que el prestador facture. De más está decir que ni el Poder Ejecutivo puede dictar impuestos sin pasar por la autorización constitucional del Congreso Nacional, sin embargo, el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 pretende, a su sola decisión —y el respaldo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, vía el otorgamiento de credenciales y permisos para ingresos al aeropuerto— sacar tajada del esfuerzo que otro realizó. Y todo esto cabe recordar que San Fernando es un aeropuerto que Aeropuertos Argentina 2000 no construyó ni mantiene adecuadamente.
Los capitales que desembarcarían en la Argentina necesitan de una aviación general privada ágil y eso es lo que reciben en todos los países serios. El ministro y su gente debe entender la importancia que esto tiene; lo mismo quien dirige la PSA, personaje que hace varios meses ante la propia ministra de Seguridad y otros testigos, prometió simplificar las trabas de la PSA en San Fernando.
¡TAL VEZ SEA HORA DE QUE EL PRESIDENTE TOME CARTAS EN EL ASUNTO PARA QUE SUS INICIATIVAS NO SEAN BOICOTEADAS POR LA FALTA DE SENTIDO COMUN!
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