El pasado sábado 29, el presidente de Perú Ollanta Humala convirtió en ley la autorización para que la Fuerza Aérea de su país intercepte y derribe aeronaves sospechosas de realizar transporte ilegal de drogas prohibidas, armas, municiones, bombas y materiales explosivos, sin la debida autorización.
La estrategia de derribo estaba suspendida desde 2001 debido a que un caza peruano derribó un avión que transportaba misioneros norteamericanos, circunstancia en la que murieron dos personas.
La Fuerza Aérea Peruana podrá, a partir de esta ley, considerar un “acto hostil” la incursión de una aeronave en el espacio aéreo nacional sin que esté debidamente identificada. También se considerará “acto hostil” a cualquier maniobra que resulte agresión a la aeronave interceptora.
La ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo Nacional, había recibido la aprobación del Congreso el 20 de agosto pasado.
Para la estrategia de control de tránsito aéreo que Perú lleva adelante en cooperación de los Estados Unidos, se instaló un radar en Puerto Maldonado (Amazonia, sudeste) el cual tiene un alcance de 450 kilómetros, cubriendo la zona del Valle de los ríos Apurímac-Ene-Mantaro (VRAEM), una de las regiones de mayor producción de coca del Perú, donde las fuerzas armadas combaten desde hace más de dos décadas a ex terroristas de Sendero Luminoso que en ocasiones colaboran con narcotraficantes.
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