El balance europeo de 2025 ofrece señales favorables, pero también diferencias entre operaciones. El desafío consiste en transformar los datos en decisiones antes de que los riesgos terminen en accidentes.
La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) presentó su Informe Anual de Seguridad 2026, que examina los resultados de 2025 y los compara con los diez años anteriores. El balance general es favorable: en casi todos los ámbitos, los accidentes mortales y las víctimas estuvieron en el promedio de esa década o por debajo. Sin embargo, esa lectura exige detenerse en las diferencias entre operaciones.
El resumen registra, para los aviones complejos de transporte aéreo comercial, un accidente mortal, ocho fallecidos y 51 incidentes graves. El accidente correspondió a un vuelo de taxi aéreo. Entre los aviones no comerciales de la categoría “aviones no complejos”, hubo 21 accidentes mortales y 40 víctimas. En los planeadores se contabilizaron 15 accidentes mortales y 16 fallecidos; la pérdida de 
control estuvo asociada a nueve de esos accidentes. Aunque las cifras describen consecuencias, no permiten, por sí solas, determinar cuánto más riesgosa es una actividad respecto de otra. La propia EASA advierte que los totales absolutos no deben utilizarse para comparar ámbitos con distintos niveles de actividad y entornos operativos. Un sector que realiza muchos más vuelos puede acumular más sucesos y, aun así, presentar una tasa menor. A la inversa, pocos accidentes pueden representar una exposición elevada cuando la actividad es reducida. Por eso, cualquier afirmación sobre una mejora necesita precisar qué se está midiendo: cantidad de accidentes, víctimas o probabilidad de sufrir un suceso por vuelo u hora de operación.
Tampoco corresponde equiparar automáticamente el transporte comercial con las grandes aerolíneas. Que el accidente mortal consignado corresponda a un taxi aéreo recuerda que una misma clasificación estadística puede reunir operaciones con características diferentes. Para interpretar el resultado, importa conocer qué actividades comprende cada categoría.
La atención sobre los incidentes graves ofrece otra perspectiva. Un accidente muestra un daño consumado; un incidente grave puede revelar una situación en la que ese desenlace estuvo cerca. Analizarlo permite examinar qué barreras funcionaron, cuáles fallaron y qué debería corregirse. Pero tampoco aquí conviene sacar conclusiones rápidas. Un aumento de los sucesos registrados puede responder a un deterioro operativo, a una mayor actividad o a una mejor notificación. Sin investigar esas posibilidades, tanto la alarma como la complacencia pueden apoyarse en una lectura equivocada.
La pregunta de fondo es qué se hace con la información. Contar sucesos resulta necesario; identificar condiciones que se repiten y actuar sobre ellas permite dar un paso más. Si un problema aparece en determinados procedimientos, fases del vuelo o entornos operativos, la respuesta debería dirigirse hacia esas circunstancias. Una medida general puede ser insuficiente donde el riesgo exige una intervención específica.
Para la Argentina, el informe europeo puede servir como referencia metodológica. Trasladar sus cifras requeriría conocer las diferencias de flota, infraestructura, actividad y supervisión. Sin embargo, sería útil preguntarse si contamos con información suficiente para identificar nuestros propios problemas, medir su evolución y comprobar si las medidas adoptadas producen resultados, pero eso exige datos de actividad, notificaciones confiables y capacidad de análisis. También requiere que los hallazgos lleguen a quienes toman decisiones sobre instrucción, mantenimiento, procedimientos e infraestructura. Publicar un balance anual tiene mayor valor cuando permite seguir ese recorrido y evaluar sus resultados.
En la Argentina, también cabe preguntarse cómo se articulan las investigaciones y recomendaciones de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) con las decisiones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y cómo se verifica que esa relación produzca mejoras concretas.
El promedio favorable merece reconocimiento. La tarea pendiente consiste en identificar qué operaciones siguen expuestas, por qué y qué cambios podrían protegerlas mejor. La seguridad también se construye en ese espacio entre una cifra tranquilizadora y las preguntas que todavía exige responder.
LAF
