El futuro de FB Líneas Aéreas S.A., operada bajo la marca Flybondi, atraviesa su hora más oscura, o su CB más convectivo.
En el marco del concurso preventivo que se tramita ante el Juzgado Comercial N° 24 (Secretaría N° 47), el juez Guillermo Mario Pésaresi dictó una durísima resolución fechada a fines de octubre de 2026 que desnuda un panorama de extrema gravedad institucional, laboral y financiera. El magistrado le otorgó a la aerolínea un plazo improrrogable de cinco días hábiles para poner en orden su legajo judicial, bajo la severa advertencia de tenerla por desistida de su presentación concursal si no cumple con cada uno de los puntos exigidos.
La medida judicial se disparó no solo por las deficiencias formales detectadas en la documentación inicial, sino también impulsada por la «índole y gravedad de los hechos denunciados por numerosos trabajadores». Entre las primeras irregularidades señaladas por el tribunal destaca el caos administrativo en los listados de acreedores porque faltan decenas de legajos correspondientes a créditos laborales; se hallaron errores groseros en la asignación de documentación de empleados (como legajos cruzados entre distintos titulares); carece de respaldo contable la deuda reclamada por el Sindicato Flybondi y resulta imposible para los veedores determinar con exactitud los rubros y montos adeudados al organismo fiscal ARCA.
Pero el corazón del conflicto excede la mera desprolijidad administrativa y se adentra en un laberinto financiero de proporciones colosales. La lupa del juzgado recae de lleno sobre el ejercicio 2025 y el anunciado ingreso del fondo estadounidense COC Global Enterprise como nuevo inversor mayoritario de la compañía en junio de ese año. Según la memoria societaria de la propia empresa, la llegada de este capital extranjero debía impulsar una etapa de expansión y reestructuración. Sin embargo, la Justicia detectó que los papeles no cierran: no hay constancias documentales de cómo se instrumentó jurídicamente dicho ingreso, cuál es la verdadera participación accionaria de este fondo, ni quiénes son en realidad sus dueños.
La opacidad en torno a los fondos es alarmante. Durante 2025, la aerolínea declaró haber recibido cerca de 76.000 millones de pesos en aportes de capital y unos 25.000 millones en préstamos, además de 46.279 millones en aportes irrevocables. No obstante, el tribunal advierte que no está acreditado que ese dinero haya provenido de COC Global Enterprise, ya que parte de los desembolsos se efectuaron antes de su llegada o bien figuran bajo figuras societarias imposibles de rastrear. A esto se suma un tendal de deudas y créditos con partes relacionadas que rondan los 47.000 millones de pesos, oscureciendo por completo la radiografía del activo y pasivo real de la firma.
El diagnóstico del auditor contable para el cierre de 2025 ya anticipaba el abismo: advirtió una incertidumbre crítica sobre la continuidad de la sociedad como empresa en marcha, reflejando resultados negativos acumulados por la friolera de 234.107 millones de pesos, un patrimonio neto negativo de 153.303 millones y un pasivo corriente que supera ampliamente al activo por más de 202.000 millones. Todo ello en un contexto operativo donde la actividad de la aerolínea consumió cerca de 102.600 millones de pesos en efectivo durante ese mismo período, desembocando inevitablemente en una cesación de pagos formalizada en marzo de 2026.
Por esta razón, el juez Pésaresi intimó a la concursada a explicar detalladamente las causas de este estrechamiento patrimonial, a identificar con nombre y apellido a los aportantes de los millonarios fondos y a presentar un plan sustentable y coherente que demuestre cómo planea remontar la crisis en medio del actual escenario de inactividad empresaria. Asimismo, se exigió una rendición minuciosa sobre la composición actual de su flota aérea (detallando qué aeronaves están operativas, en reparación o preservación), un censo preciso del personal activo, suspendido o licenciado y la entrega de un pendrive físico en la secretaría con planillas detalladas en Excel de acreedores, flujos de caja de los últimos dos años y pasivos laborales.
En paralelo a la pulseada judicial, el fantasma del parate total sobrevuela la estructura aerocomercial. El magistrado ordenó librar oficios urgentes mediante el sistema digital DEOX a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la Secretaría de Transporte. El objetivo es categórico: que los organismos estatales informen si Flybondi mantiene vigente el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), qué aeronaves continúan autorizadas bajo esa órbita y si existen procesos sancionatorios, de suspensión o caducidad en trámite.
El reloj corre implacable para la aerolínea low-cost. Si en el plazo perentorio de cinco días la conducción no logra disipar las dudas sobre su ingeniería societaria, no aclara el origen de los fondos de su inversor fantasma y no presenta la documentación respaldatoria exigida por el fuero comercial, el concurso preventivo podría caerse como un castillo de naipes, dejando a la deriva a cientos de trabajadores, pasajeros y acreedores en un verdadero escándalo económico y aerocomercial.