Concluye hoy la tercera semana del conflicto laboral que enfrenta a los pilotos y mecánicos de la Lucha Antigranizo con la empresa Aeronáutica de Mendoza SA (AEMSA) y su accionista mayoritario, el Gobierno provincial. Ha sido una semana cargada de novedades, señales y avances objetivos en un escenario de crisis que se mueve y se resignifica cada día, como corresponde a todo caldero en ebullición.
La primera novedad a destacar es que comenzaron a primar los equilibrados y los cautos. El 15 de septiembre tuvo lugar una audiencia conciliatoria en la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, durante la cual AEMSA acordó con el gremio APTA la cancelación de los aguinaldos y salarios adeudados desde junio en tres cuotas escalonadas hasta noviembre. Fue un alivio para los mecánicos y fue un quíntuple triunfo para el Gobierno, que logró resolver la mitad del conflicto, se aseguró la futura disponibilidad de los aviones, mostró a la sociedad capacidad de maniobra en la crisis, partió el letal frente común que le hubieran significado dos gremios aeronáuticos coordinados y sentó una base objetiva para discutir el pago del dinero debido a los pilotos.
La segunda novedad la constituye el cambio de tono de APLA. Después de un largo asedio de pirotecnia verbal, el gremio de los pilotos parece haber caído en la cuenta de la gravedad de fondo del conflicto (la desaparición de la Lucha) e inteligentemente cambió de interlocutor y de discurso. Los intereses enfrentados siguen siendo los mismos, pero en el arte del diálogo los símbolos son muy importantes y el freno de mano puesto a tiempo probablemente previno tragarse una curva, con perjuicio irreparable para los agremiados.
Como tercera novedad, los productores siguen brillando por su ausencia. Contrariamente a lo esperado, no se registraron manifestaciones significativas contra el Gobierno o a favor del personal. Hubo, en cambio, una clara crítica de la prensa al modelo que entraña AEMSA.
Como cuarta novedad, durante la semana fueron girados a la empresa los fondos necesarios para atender los salarios pendientes. Pero la novedad no fue tanto el traspaso del efectivo, sino la olla que destapó la norma que lo autorizó.
En efecto, el Decreto 1098/2020, suscripto por el Gobernador Rodolfo Suárez el 3 de septiembre, aprobó un convenio celebrado con AEMSA el 24 de agosto pasado. Y resulta que allí se expresó que, a través del Decreto N° 334/18, el Gobierno de Mendoza había adjudicado a la empresa la prestación del “servicio de Trabajo Aéreo para la modificación del tiempo atmosférico correspondiente a la campaña 2018/2019 y 2019/2020”. El convenio también expresó que, por Decreto N° 2629/19, “el servicio de Trabajo Aéreo” contratado con AEMSA había sido prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2020.
Esta doble referencia a “Trabajo Aéreo” es consistente con la Ley 8987, creadora de AEMSA, cuyo artículo 3 inciso a) dispuso que la empresa debería prestar primordialmente “los servicios de Trabajo Aéreo en todas sus modalidades para la mitigación del granizo y para el combate de todas las plagas que afecten los cultivos, a cuyo fin deberá obtener las habilitaciones aeronáuticas correspondientes”.
Pero en sus tres años de existencia AEMSA no gestionó ni obtuvo de parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA) que le permitiera desarrollar las operaciones aerocomerciales que pretendía realizar y menos todavía aquellas por las que viene cobrando. Para decirlo en claro, AEMSA es una empresa clandestina, tan trucha como aquellas que, con mucho esfuerzo, la Autoridad Aeronáutica viene combatiendo campo adentro del país.
El artículo 95 del Código Aeronáutico establece que “la explotación de toda actividad comercial aérea requiere concesión o autorización previa, conforme a las prescripciones de este código y su reglamentación”. Esta reglamentación es el Decreto Nacional 2836/71, cuyo artículo 1 dispone que “el trabajo aéreo a los fines de la aplicación del presente decreto comprende la explotación comercial de aeronaves en cualquiera de sus formas”. El artículo 3 dispone que la explotación del Trabajo Aéreo “podrá ser realizada dentro del territorio nacional por personas visibles o sociedades comerciales constituidas en cualquiera de las formas que autoricen las leyes, pero condicionadas a las exigencias del presente decreto”.
En otras palabras, AEMSA en tanto sociedad anónima de propósito comercial y objeto aeronáutico específico no puede prestar el servicio para el cual el Gobierno de Mendoza la ha contratado. La falta de CETA tiene consecuencias gravísimas pues activa las infracciones aeronáuticas previstas por el Decreto 2352/83 y (lo peor) hace desaparecer la cobertura de seguros aeronáuticos en caso de accidentes. No estoy hablando en abstracto. El 9 de marzo de 2015 dos helicópteros Eurocopter AS.350-3 Ecureuil de los Gobiernos de La Rioja (LQ-CQK) y Santiago del Estero (LQ-FJQ) chocaron en vuelo sobre la Quebrada del Yeso, La Rioja, mientras realizaban Trabajo Aéreo sin autorización de la ANAC. Las compañías aseguradoras no pagaron ni un peso a los familiares de los diez muertos, entre ellos Juan Carlos Castillo, ex piloto antigranizo.
Cuesta creer que un gremio de profesionales del calibre de APLA haya consentido la operación sin CETA durante tres años, cuando en simultaneo fue muy puntilloso en aspectos tales como el respeto de los tiempos máximos de servicio y mínimos de descanso de las tripulaciones antigranizo. Es obvio que los pilotos y sus representantes gremiales reposaron su confianza en una “empresa” que nunca estuvo a la altura de las circunstancias, lo que nos lleva nuevamente a la crisis de modelo.
AEMSA entraña un modelo de gestión fallido y, como todo error, simplemente merece ser corregido. En mi opinión la única forma de hacerlo sin riesgo para el personal es mediante la creación de un ente estatal autárquico y descentralizado que vuelva a concentrar todos los pilares que sostienen la Lucha Antigranizo (aviones, radares, estaciones meteorológicas, granizómetros, seguro agrícola, etcétera), con respeto de las fuentes laborales, antigüedad y escalafón de los pilotos y mecánicos comprometidos.