Concluye la cuarta semana del conflicto laboral que enfrenta al personal aeronáutico de la Lucha Antigranizo con la empresa Aeronáutica de Mendoza SA (AEMSA) y, nuevamente, el escenario aparece repleto de información.
La primera y más evidente es que el reclamo salarial de los pilotos agremiados en APLA logró cerrarse de facto, en los mismos términos acordados con los mecánicos afiliados a APTA, es decir, mediante el pago de los aguinaldos y salarios adeudados desde junio en tres cuotas escalonadas hasta noviembre. Y digo de facto porque, a diferencia de lo ocurrido con APTA, el acuerdo con los pilotos no quedó formalizado en la Subsecretaría de Trabajo.
… la crisis dejó en evidencia que la empresa AEMSA entraña un fracaso absoluto y que su desastroso formato merece ser transformado con premura a riesgo de ver reproducido el conflicto y colapsado el sistema de Lucha Antigranizo.
El dato no es menor por dos razones. En primer lugar, la crisis dejó en evidencia que la empresa AEMSA entraña un fracaso absoluto y que su desastroso formato merece ser transformado con premura a riesgo de ver reproducido el conflicto y colapsado el sistema de Lucha Antigranizo. En segundo lugar, sólo se encuentra en pausa la virulencia de las declaraciones producidas de uno y otro lado (que incluyeron denuncias de corrupción, amenazas de despido y aprietes de flexibilización laboral). En este contexto, firmar un acta no sólo constituye el cierre formal de un conflicto, sino la base estable sobre la cual abordar la cuestión de fondo, que es el cambio de modelo.
El peor error en que podrían incurrir los protagonistas sería diferir el abordaje del cambio de modelo hasta el fin de la campaña …
El Gobierno, APLA y APTA han dado muestras concretas de responsabilidad y sentido común al evitar un quiebre. Unos y otros ya se han dado cuenta que AEMSA constituye un modelo agotado, lo quieran reconocer públicamente o no. El peor error en que podrían incurrir los protagonistas sería diferir el abordaje del cambio de modelo hasta el fin de la campaña, porque en marzo de 2021 el nivel de preocupación de los funcionarios será nulo, como nula será también la capacidad de negociación de los sindicatos. La única posibilidad de supervivencia del sistema radica en mantener el tema en agenda, y al menos hay seis razones para hacerlo.
En primer lugar, no va más el modelo del Estado como socio de sí mismo. La totalidad del paquete accionario de AEMSA está en manos del sector público (el Gobierno de Mendoza es titular del 96,2 % y el 3,8 % restante pertenece a la Municipalidad de General Alvear). Esto no sería demasiado llamativo, de no ser porque el único cliente de la empresa desde su constitución en 2017 es el propio Gobierno. Es decir, AEMSA no tiene nada de empresa porque no tiene riesgo empresario y mucho menos gestión empresaria.
En segundo lugar, no va más que el Estado se quiebre a sí mismo. Pese a estar exenta del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos y pese a tener al Gobierno como cliente, AEMSA no da ganancias. La “empresa” no ha sido capaz de generar un solo peso de utilidad genuina desde que fue creada y ninguno de sus directivos o gerentes ha movido un dedo para colocar sus servicios. Si fuera una verdadera empresa, AEMSA ya debería haber cerrado las puertas hace rato, o bien echado a todos los responsables de su quebranto, porque su situación económico-financiera no le permite siquiera ser sujeto de crédito bancario.
En tercer lugar, no va más que el Estado se mienta a sí mismo. La payasada de AEMSA no es gratis. El simple movimiento de fondos desde el Gobierno provincial a una sociedad anónima genera la obligación de pago de impuestos a la AFIP. El Estado mendocino puede exceptuarse a sí mismo del pago de sus propios tributos, pero no puede hacerlo con los gravámenes nacionales. AEMSA viene acumulando una deuda impositiva impresionante por el solo hecho de existir, pues la AFIP no le perdona ni el capital ni los intereses.
En cuarto lugar, no va más que el Estado se arriesgue a sí mismo. AEMSA no tiene ningún avión a su nombre. Los cuatro Piper PA-31T que dice operar son en realidad del Gobierno de Mendoza, que se los presta para que pueda desarrollar sus actividades. Pero el contrato no está inscripto en el Registro Nacional de Aeronaves, por lo que no se ha transferido legalmente la responsabilidad de la operación. En caso de accidente, la compañía de seguros no pagará por ningún riesgo aeronáutico tomado por AEMSA, porque la inscripción registral es condición para la vigencia de la póliza.
En quinto lugar, no va más que el Estado se incrimine a sí mismo. Ninguna empresa aeronáutica puede prestar servicios en el país si no cuenta con una previa autorización de explotación de la Administración Nacional de Aviación Civil. La “empresa” AEMSA lleva tres años publicitando que hace la Lucha Antigranizo, que lleva pasajeros y carga, pero no cuenta con ningún Certificado de Explotador para hacerlo. El incumplimiento es gravísimo porque hace caer los seguros en caso de un accidente de aviación. Para cuando sobrevenga la catástrofe, ya va a ser tarde para correcciones y lamentos.
En sexto lugar, no va más que el Estado se esconda de sí mismo. Al crear AEMSA como sociedad comercial (privada), el Gobierno la sustrajo de los mecanismos de control público. El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado no auditan la contabilidad, las finanzas o la forma en que AEMSA gestiona. En otras palabras, no hay seguimiento que prevenga las trapisondas que intramuros puedan cocinarse. Prueba de ello es el rosario de irregularidades que vengo comentando, que han ocurrido durante tres años en las narices mismas del poder político mendocino.
En recientes declaraciones a Radio Nacional, el diputado nacional Alfredo Cornejo (quien siendo gobernador promovió la creación de AEMSA) propuso que la empresa fuera privatizada. Discrepo respetuosamente con Cornejo, a quien he votado tres veces. AEMSA no puede ser privatizada porque ya es una empresa privada. En su lugar, toda la Lucha Antigranizo (AEMSA incluida) debe ser integrada en un ente autárquico estatal (no privado) que asegure la prestación del servicio y, de paso, garantice al personal aeronáutico su antigüedad, salario y posición escalafonaria.
*Gustavo Marón es abogado, profesor universitario, escritor y experto en varias áreas de la aviación. Actualmente asesora a entidades y empresas del sector productivo de la aviación civil.
