Entre el martes 15 y el viernes 18 de agosto se realizó en Arapey, Uruguay, el Congreso Latinoamericano de Aviación Agrícola 2023.
El evento fue organizado por la Asociación Nacional de Empresas Aeroagrícolas del Uruguay (ANEPA) y contó con la participación del Sindicato Nacional de Empresas de Aviación Agrícola del Brasil (SINDAG), la Asociación Nacional de Empresas de Fumigación Aérea de Bolivia (ANDEFA) y la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA).
Como en años anteriores, el encuentro se realizó en el Hotel Altos de Arapey, sobre cuya cancha de golf adyacente se encuentra habilitada una pista de aterrizaje de césped que sirvió para recibir a unos veinte aviones agrícolas y de Aviación General, representantes de otras tantas empresas privadas uruguayas.
Esta presencia aérea resultó ser la punta del iceberg, pues en el auditorio del hotel terminaron congregados los propietarios, pilotos e ingenieros agrónomos de todas las empresas aeroaplicadoras del Uruguay. Son 38 en total, de las cuales 36 se encuentran habilitadas y 2 en proceso de certificación. No hay empresas clandestinas de Trabajo Aéreo en el Uruguay, lo que quizá explique que tampoco se conozca en aquellas tierras el conflicto ambientalista que aqueja a la Aviación Agrícola argentina.
Este fue el primer contraste marcado con la realidad de nuestro país, donde la flota de aeroaplicadores ilegales prácticamente iguala a la flota de las empresas habilitadas. La explicación de ambos fenómenos, a uno y otro lado del río Uruguay, fue palmaria precisamente en Arapey. Y es que el Congreso Latinoamericano fue inaugurado por los máximos representantes de la Dirección Nacional de Aviación Civil del Uruguay (DINACIA), que no sólo fueron a sacarse una foto sino a exponer y a intervenir en los debates.
Fue palpable, entonces, el involucramiento de la DINACIA con su propia Aviación Agrícola, es decir con su propia gente. Trabajan juntos en certificación, pero también en prevención y capacitación. Incluso están caminando de la mano para incorporar ordenadamente en el Uruguay la tecnología de aplicación aérea de fitosanitarios con drones (aquí llamados Vehículos Aéreos No Tripulados, VANTs) para que se integre de manera armónica con los explotadores establecidos y, sobre todo, sea fiscalizable.
Puede argumentarse (y es válido) que el tamaño de la Aviación Agrícola uruguaya no es comparable con el de nuestro país. Puede argumentarse (y también es válido) que muchos agentes y funcionarios de nuestra Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se encuentran genuinamente comprometidos con el destino de nuestras propias empresas de Trabajo Aéreo. Pero algo está dando resultado en Uruguay que aquí, directamente, no se ve. Sin ir más lejos, la realidad de Arapey contrastó con la última exposición Agroactiva Vuela organizada por FEARCA en 2022, en Armstrong, Santa Fe, donde la ANAC brilló por su ausencia, pues apenas estuvo presente con una simpática inspectora que sólo se dedicó a foliado.
Fue precisamente un mayor involucramiento de la ANAC lo que reclamó FEARCA la noche del 17 de agosto en el plenario de la Comisión de Aviación Agrícola del MERCOSUR: mayor diálogo institucional, mayor contacto, mejor fiscalización y más control de aplicadores aéreos clandestinos. A estos reclamos, que podrían llamarse históricos dado que se mantienen en agenda desde larga data, en Arapey se sumó uno nuevo: el pedido público a la ANAC para que ayude a destrabar los giros de divisas al exterior que impiden el pago de aeronaves agrícolas, repuestos y servicios asociados de empresas aeroagrícolas.
Este tema lleva tiempo instalado en la ANAC y corresponde reconocer que, para solucionarlo, la Administradora ha mantenido conversaciones con las autoridades del Ministerio de Producción. También hay que destacar que la política económica y el control de giros al exterior exceden por completo las funciones y competencias de ANAC.
Sin embargo, no es ninguna novedad que el poder político se mueve al ritmo de las llamadas telefónicas de los funcionarios del propio gobierno interesados en los problemas de sus propias áreas de gestión. Tampoco es una novedad que las esferas de poder son más proclives a atender a sus propios funcionarios que a particulares u organizaciones privadas. Como sea, la intercesión de ANAC parece haber sido inconducentes teniendo en cuenta que a la fecha seis empresas de Trabajo Aéreo se encuentran demandadas por acreedores internacionales y al menos una con embargos inscriptos sobre sus aviones agrícolas. Esto explica que FEARCA haya abandonado su tradicional perfil discreto para elevar su pedido de intercesión a la ANAC en un foro internacional.
La Declaración de Arapey no sólo cristalizó los reclamos de cada organización participante a su propio gobierno o autoridad aeronáutica, sino que renovó el compromiso colectivo de la Aviación Agrícola con la protección del Medio Ambiente a través de la promoción de las buenas prácticas agroaéreas, la capacitación permanente de pilotos y personal de apoyo de tierra; y el diálogo constructivo con todas las personas de bien interesadas en la protección ambiental. El pronunciamiento es importante porque toma posición en un conflicto ambientalista que, al menos en Argentina, se encuentra en plena virulencia y aumento.
En efecto, a los tradicionales ambientalistas radicalizados (que nada tienen que ver con los ambientalistas genuinos), se han sumado ahora nuevos fogoneros de la prohibición de la Aviación Agrícola. Se trata de los terraplanistas que acusan a los aviones de Trabajo Aéreo de ser los responsables de los chemtrails, las estelas de condensación que pueden verse a gran altitud, que producen todos los aviones propulsados por motores jet y que –según ellos– obedecen a una conspiración internacional apuntada a controlar el clima. Lo que denuncian es un delirio absoluto basado en la más cruda ignorancia, pero retroalimenta el discurso prohibitivo de otros delirantes, los ambientalistas radicalizados, para quienes sencillamente “los aviones matan”. (Aquí también la ANAC podría ocupar el centro de la escena, lo que me permito dejar para otra nota).
Volviendo al Uruguay, es interesante destacar que las organizaciones aeronáuticas reunidas en Arapey se comprometieron públicamente a incrementar la colaboración de la Aviación Agrícola en la prevención de incendios forestales y el combate contra los vectores portadores de los virus del Dengue, el Zyka y la Chikunguña. El asunto es trascendente no sólo por la utilidad de los recursos aéreos en la lucha contra estos flagelos, sino por la responsabilidad social empresaria subyacente al compromiso asumido por SINDAG, ANEPA, ANDEFA y FEARCA. La capacidad ociosa de los aviones agrícolas puede y debe ser empleada para servir a la comunidad, al margen de sus tareas principales de aplicación aérea de fitosanitarios, siembra aérea y fertilización aérea.
El Congreso Latinoamericano de Aviación Agrícola tuvo un completo programa de conferencias (ver adjunto) y una intensa serie de pruebas “a campo” con aplicaciones aéreas a cargo de avión y dron. Además, las principales empresas del rubro expusieron sus productos y servicios en el área de stands ubicada en el subsuelo del hotel. Merece ser destacada la firma argentina ARAVIA, de Venado Tuerto, que anunció la co-producción en Uruguay del avión agrícola argentino LAVIASA PA-25 Puelche a partir de un reciente acuerdo con una firma oriental (y previo acuerdo de certificación alcanzado entre la DINACIA y la ANAC). La noticia es promisoria en uno y otro margen del Río de la Plata.
A modo de conclusión, podemos decir que Arapey no fue un Congreso más. No lo fue por convocatoria, por calidad de organización, por acuerdos alcanzados y por aprovechamiento de sus intensas jornadas. ANEPA se lució, todo un ejemplo para emular por nuestra FEARCA cuanto toque de nuevo cristalizar el evento en Argentina.
* Abogado de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA).
