Hace años que la República Dominicana (RD) viene haciendo bien los deberes para prestigiar a su sistema de aviación civil ante las miradas de los organismos aeronáuticos internacionales y las empresas que prestan servicios a y desde el país, la política que lleva a cabo esa nación es digna de admiración no sólo por su constante mejora en los niveles de seguridad operacional sino por estar pensada como una herramienta de crecimiento económico imprescindible para la nación.
Como lo ha señalado IATA, hay tres elementos para medir el impacto de la aviación en la economía de los países, tres de ellos son: los empleos y el gasto generados por las aerolíneas y su cadena de suministro, los flujos de comercio, turismo e inversión resultantes de los usuarios de todas las aerolíneas que operan en el país, y las conexiones de pares de ciudades que hacen posible estos flujos. Todos estos impactos ofrecen una perspectiva diferente pero esclarecedora sobre la importancia del transporte aéreo.
Sin dudas, la estrategia de la RD ha tenido en mente estas realidades a lo largo del tiempo y centradas en las inversiones privadas necesarias para que su aviación comercial crezca y se desarrolle sostenidamente en función de la actividad turística que ha elevado el nivel de vida de los dominicanos.
Esto parece que fue lo que continúa claro y fresco en la mente de la dirigencia del páis, ya que en los últimos días, el Presidente Luis Abinader, promulgó la Ley 57-23, que establece una serie de incentivos fiscales para la aviación civil comercial nacional e internacional, a los efectos de aumentar la competitividad del sector aéreo, promover el aumento de visitantes al territorio nacional vía aérea y establecer nuevas rutas domésticas e internacionales desde y hacia mercados estratégicos de la isla. Las medidas, también buscan fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana como punto de conexión para el transporte, la logística de pasajeros y carga, el comercio y la inversión internacional.
Lo que contempla la ley es favorecer a las empresas operadoras de transporte aéreo comercial nacional e internacional que cumplan con los requisitos previstos con incentivos fiscales como la exención total de la retención del impuesto por concepto de pagos de rentas al exterior por arrendamiento de aeronaves o motores de aeronaves, como así también los servicios de mantenimiento y reparación de aviones, sus partes del motor y otras piezas. La ley sólo fija una retención única y definitiva del 5 % en concepto de impuesto por los pagos al exterior por entrenamientos y capacitaciones al personal de tripulación por parte de no residentes, el uso y mantenimiento de programas informáticos y software relacionados a la operación de la aeronave, y por los seguros contratados en el exterior. Además de lo señalado, exime del pago del impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a la venta de vuelos completos por parte de empresas operadoras dominicanas a empresas en el exterior (fletamento), siempre y cuando se trate de vuelos originados en el extranjero con destino a República Dominicana. Otra exención de pago es la del Arancel y del ITBIS sobre la importación de naves y aeronaves de ciertas aeronaves establecidas por peso.
Las exenciones alcanzan otros rubros importantes, pero lo fundamental es que todas se orientan al crecimiento del sector aeronáutico con decisión y visión.
Es bueno recordar que la República Dominicana, dependiente de los servicios aéreos para su vital “industria sin chimeneas”, tuvo una aerolínea de bandera que cerró en 1995 y disolvió en 1999. Lo que el gobierno hace ahora es abrir aún más las oportunidades de servicios a la isla y quitarles gravámenes injustificados.
