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El Caso AA2000

El monopolio artificial no sólo se queda sino que se expande*

El ministro de Transporte Guillermo Dietrich confirmó que no se rescindirá el contrato al monopolio artificial Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (AA2000). Tal vez ignore el ministro cómo se gestó dicha concesión aunque está claro que no debería. En todo caso conviene refrescarle y refrescarnos esta vidriosa historia que comenzó con la ley Nº 23.696 que, durante la administración Menem, declaró la emergencia del Estado Nacional y los servicios públicos, y la cronología de eventos que, en materia de aeropuertos, se sucedieron a partir de aquella situación.

En 1997 el Decreto Nº 375/97 [1] creó el Sistema Nacional de Aeropuertos, un organismo regulador[2] que discriminó a lo que se llamarían el “Grupo A” y el “Grupo B” de aeropuertos, para luego llamar a una licitación pública internacional y concesionar bajo ciertas pautas al “Grupo A” de estaciones aéreas.

Al momento de tomarse la decisión la situación de atraso en materia de infraestructura, en este caso de los aeropuertos, era tan notoria como cierto que el Estado carecía de recursos para hacer frente a su modernización (al parecer ahora sería “conveniente” endeudarse). Ante ese panorama, se consideró interesar al sector privado para que invirtiera en el sector. La idea parecía clara y razonable: se concesionaría al “Grupo A” de aeropuertos para que inversores privados realizaran las obras, pagaran un canon anual fijo y, como contrapartida, asumiera la administración y explotación de los aeropuertos dentro de las categorías recientemente creadas. Con los ingresos generados por concesión de los aeropuertos del “Grupo A”, el Estado debía mejorar la infraestructura de los aeródromos del “Grupo B”, que no fueron concesionados.

El Decreto Nº 500/97 aprobó los pliegos de licitación estableciendo un sistema de doble sobre, uno con la propuesta técnica, listado de obras y plan de inversiones y otro con la propuesta económica (monto del canon).

En el mismo año se licitó y tres empresas superaron la primera etapa, pero se registró un empate técnico en la segunda. El pliego licitatorio establecía que, de llegarse a una situación de paridad, se llevaría a cabo un remate por precio que, así realizado, adjudicó la concesión a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A. que ofreció 171.121.000 pesos (en convertibilidad, dólares) de canon anual.

El 27 de abril de 1998, AA2000 tomó posesión del Aeropuerto Internacional de Ezeiza; el 3 de abril del mismo año Aeroparque; el 15 de junio se hizo cargo del aeropuerto de Córdoba y, más tarde, accedería a los demás aeropuertos del “Grupo A”.

El 3 de diciembre de 1998, a sólo siete meses de la toma de posesión de Ezeiza, AA2000 presentó un reclamo administrativo ante el ORSNA invocando el principio “exceptio non adempleti contratus” (excepción de contrato no cumplido) de parte del Estado, lo que según la empresa derivaba en perjuicios económicos. Dicho claramente, la empresa solicitó una reparación a fin de “preservar la ecuación económico-financiera” que había calculado al momento de la licitación. Luego, AA2000 planteó divergencias entre la información suministrada y la situación real de los aeropuertos, además de quejas por cuestiones medioambientales y un reclamo por la diferencia de Tasa de Uso de Aeroestación reducida para los vuelos internacionales a países limítrofes en distancias menores de 300 km (Resolución ORSNA Nº 108/98).

En 2000, el ORSNA reconoció diferencias relacionadas con el canon y denegó otras menores. Entonces AA2000 acudió a sus hábiles abogados, que presentaron un Recurso de Alzada ante el Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación. A dos años del inicio de la concesión, la empresa ya no pagaba el canon completo al que se había comprometido.

Antes de que finalizara aquel año, el 21 de diciembre de 2000, AA2000 presentó ante el entonces Jefe de Gabinete de Ministros, Chrystian Colombo, un reclamo basado en el artículo 30 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, para adecuar la ya citada “ecuación económico financiera”. El reclamo no fue respondido por el Estado, pero “por alguna razón” se llegó a un “Acuerdo de Renegociación”, que fue aprobado por el Decreto 1799/07.

Pero el juego del incumplimiento no terminó en absoluto. Entre 2003 y 2007, AA2000 efectuó numerosas presentaciones administrativas para forzar una nueva renegociación en la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).

En 2007 el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Dr. Manuel Garrido, denunció que el nuevo contrato de concesión de 32 aeropuertos beneficiaba de manera exorbitante a AA2000, advirtiendo que la empresa había incumplido en forma permanente las obligaciones asumidas al ganar la licitación. El fiscal pidió que el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Nación, frenaran el contrato que sólo esperaba la firma del presidente Néstor Kirchner (en plena jefatura de Gabinete de Alberto Fernández).

Según Garrido, en ese momento la empresa adeudaba 1900 millones de pesos en concepto de cánones impagos además de haber incumplido el plan de inversiones al que se había comprometido.

El gobierno de entonces desoyó al fiscal que claramente velaba por los intereses de la república —o lo que iba quedando de ella— y, para colmo, decidió asociarse con la empresa en una fórmula que aparentaba compensar las sumas impagas del concesionario por el 20% del paquete accionario. Concretamente, la Nación compró el 20% de AA2000 por 1900 millones de pesos y desestimó absolutamente las inversiones no realizadas. Para la empresa, el negocio fue fantástico, ya que habría obtenido una tasa de retorno excepcional sobre lo que efectivamente habría abonado.

En nuestro archivo hay muchos datos sobre esta historia que describe muy bien el por qué la Argentina está como está. Son demasiadas las veces en que los negocios se piensan más en función de los pleitos que se generarán que en la prestación de buenos servicios. Queda claro que el incumplimiento de obligaciones multimillonarias en una Argentina cuyo sistema judicial y administrativo es vulnerable, rinde mucho más que invertir, producir, cumplir.

Por este tipo de “negocios” el país se encuentra hoy en una situación tan delicada. Cualquier análisis político permite llegar a la conclusión de que los desafíos del Gobierno Nacional son enormes. No hay que ser muy perspicaces para comprender que las impostergables reformas exigen enfrentar poderosos adversarios y que no todas las batallas pueden librarse simultáneamente. Tal vez esa sea la razón por la que se ha decidido no rescindir el contrato al monopolio artificial que explota los aeropuertos, lo cual podría llevarse a cabo en unas once semanas. El único consuelo que se puede tener ante esta claudicación es que tal vez ella se deba a razones estratégicas de un gobierno que maniobra entre quienes buscan su fracaso. Pero que quede claro: lo que no podrá aceptarse es que la administración Macri no exija a AA2000 inversiones genuinas y que permita cualquier abuso que el concesionario intente en materia de tarifas aplicadas a sus cautivos clientes. La política de la empresa hacia la aviación general debería ser revisada por completo y en urgentemente, porque no es ningún secreto que Transporte sólo se ha concentrado en brindar servicios al sector aerocomercial (líneas aéreas), despreciando al resto de los usuarios y penalizando cualquier iniciativa enpresarial dentro de los aeropuertos bajo su concesión. Si el Ejecutivo no actúa celosamente en la justa defensa de los intereses comunes sólo se podrá confirmar lo que hoy es una sospecha: que los encantos de uno de los argentinos más ricos, según la revista Forbes, no sólo sedujo a los pasados cinco gobiernos sino que agregó a la lista a quienes se presentan como los reconstructores de la república.

 

Humor Aeromarket 221
Humor Aeromarket 221

[1] El proyecto de concesionar los aeropuertos obtuvo media sanción del Senado (1995) pero superó el tiempo parlamentario en Diputados.

[2] Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

* Editorial Aeromarket 221 (impreso)

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