Han sido varios los experimentos que la Argentina ha realizado en materia de política aerocomercial. Hemos tenido al Estado involucrado en esos negocios, también tuvimos privatizaciones (pésimamente realizadas), creación de líneas estatales con remanentes de empresas fallidas, caso LAPA-LAFSA, re-estatizaciones (en curso), asunción de la conducción con fuerte presencia gremial y así las cosas.
Un informe de la consultora chilena Larrain Vial, indica que con una inversión de 2.100 millones de dólares, actualmente el gasto realizado en las líneas aéreas estatizadas, “se podría comprar la brasileña TAM con todos sus aviones, rutas, edificios y demás bienes.” Es decir, que por el mismo monto, se tendría una línea rentable con managment y todo.
En los últimos días, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), se enfrentaron con la conducción de Aerolíneas Argentinas argumentando incapacidad para gestionar la empresa. Aunque el punto cuestionado es el mismo, esos gremios no tendrían objetivos coincidentes. Sobre dicha cuestión informamos ayer en este mismo espacio.
En ese contexto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió en las últimas horas un ligero retroceso en la construcción de una administración civil de la aviación civil militarizando a los 12 díscolos controladores de tránsito aéreo “controlados” por Ricardo Cirielli, líder de APTA. Esos controladores, provenientes del ámbito castrense, habían decidido permanecer en la esfera civil luego del período de transición entre la Fuerza Aérea y las primeras etapas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Hoy temprano, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por órdenes directas de la Presidencia de la Nación, impidió el ingreso de los controladores que pertenecen a APTA, también habrían obstaculizado el ingreso del Director de la Región Aérea Centro, Luis Contreras, quien estaría vinculado a Cirielli. A su vez se avanza judicialmente contra APTA y su personería gremial.
A todo esto, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), ha elaborado un “plan de contingencia” para superar el problema que se planteó el fin de semana y evitar la injerencia militar en la aviación civil. Cabe destacar que ese gremio (y otros del sector aeronáutico), advirtió reiteradamente al Poder Ejecutivo sobre lo que Cirielli se proponía.
La decisión de militarizar suena a escarmiento, advertencia y potencial retroceso. Escarmiento, porque se aísla a los 12 involucrados en el conflicto; advertencia, respecto de los planteos de todos los gremios, aeronáuticos en primera lectura y de otros por “onda expansiva”; retroceso, porque se pondría en entredicho la viabilidad de la propia ANAC si todos los controladores pasaran a una conducción militar.
La Fuerza Aérea ha pujado por tener el control total del espacio aéreo, ora bajo el paraguas de la seguridad ante vuelos clandestinos del narcotráfico, ora por los potenciales conflictos gremiales que podrían parar la aviación civil.
Ricardo Cirielli desde APTA y Jorge Perez Tamayo desde APLA, han lanzado andanadas sobre la conducción de las empresas estatizadas. En principio algo se ha roto entre la gerencia de la empresa y esos gremios. La ineficiencia está a la vista y el plan de negocios de la empresa –y en consecuencia su viabilidad– sigue sin aparecer. Sin embargo, lo que esos gremios señalan es sólo una descripción de síntomas, no tienen diagnóstico ni se han escuchado propuestas. Recientemente, la Unión de Pilotos de Líneas Aéreas (UALA), el otro ente que agrupa a pilotos, en este caso de Austral, ha hecho circular un par de hojas con el título “Proyecto Aerocomercial Nacional” con una serie de ideas para orientar la política aerocomercial de la Argentina. Los enunciados son intensiones de fuerte sesgo restrictivo respecto de la competencia, en rigor no constituye un plan para hacer de las compañías empresas rentables.
El escenario es muy cambiante por estas horas.
Seguiremos informando desde aeromarket.com.ar